Publicado en El País La Generalitat ha iniciado la tramitación de la ley de acceso universal a la asistencia sanitaria, una norma que supone un desafío al Gobierno español: la ley quiere garantizar que todos los residentes de Cataluña tengan acceso a la sanidad pública, y frenar los efectos del Real decreto del 2012 que limita los derechos sanitarios de los no inscritos en la Seguridad Social. Hasta ahora, el Departamento de Sanidad respondía a esta medida con una instrucción, que fue recurrida por el Ejecutivo español ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El consejero de Salud, Toni Comín, ha apuntado que la intención de la ley es blindar legalmente el acceso sanitario universal, una misión que flaqueaba con una simple instrucción. Según sus datos, 65.000 personas se han visto beneficiadas por las medidas de la Generalitat. Comín no ha querido detallar qué coste ha supuesto al erario ni qué gasto supone la nueva ley, porque “no forma parte del relato de este Govern”.