Publicado en Médicos y Pacientes Una sentencia que, a juicio de los afectados, “vulnera” sus derechos fundamentales, ya que les ha juzgado como si los daños que han sufrido por el medicamento que sus madres tomaron durante el embarazo, y que les ha provocado “importantes” malformaciones, fueran los de un accidente de tráfico, lo que, a su juicio, “no tiene ningún sentido”. “España es un país con una madurez suficiente para no hacer que este caso acabe de una manera tan bochornosa y tan favorable a los intereses de un verdugo y, además, conculcando un derecho. No se trata de trata de dar, se trata de que técnicamente este caso no está prescrito”, aseveró el abogado de Avite, Ignacio Martínez. Y es que, tal y como han denunciado, la sentencia del Tribunal Supremo se ha basado en informes fechados de manera “errónea”, puesto que ha fechado los trabajos del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas en 2008 cuando, en realidad, eran de 2010. Por ello, los afectados confían en que el TC estime su demanda de amparo.
