Publicado en Diario Médico El Tribunal Supremo ha sentenciado que la intimidación grave que sufrió una médico forense cuando se disponía a reconocer a un detenido en dependencias judiciales constituye un delito de atentado. El fallo, que aplica el nuevo Código Penal, razona que la facultativa tiene la consideración de autoridad cuando actúa en el ejercicio de sus funciones públicas. Según los hechos probados, el detenido, que había protagonizado un violento altercado en la sede de los juzgados de Badajoz, intentó acabar con la vida de uno de los agentes de la Guardia Civil a quien previamente le había arrebatado el arma reglamentaria. El suceso no acabó en homicidio porque el detenido no logró disparar el arma, pues no supo retirar el seguro de la pistola. Cuando fue reducido, se le trasladó a las dependencias forenses de los juzgados. Al día siguiente, la médico se personó para proceder al reconocimiento y dictaminar el preceptivo informe sobre su comportamiento. Al poco de comenzar con la entrevista, el acusado se levantó de repente de la silla y se dirigió a la puerta del despacho, bloqueándola y arrebatando la pistola a uno de los agentes de la Policía a la vez que decía: “De aquí no sale nadie con vida”. La forense descolgó el teléfono para avisar de lo que estaba sucediendo.
