Publicado en Gaceta Médica Las tres medidas que, a juicio de los sindicatos, incidieron directamente en las retribuciones de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) han tenido los nombres y apellidos del Real Decreto-ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para equilibrar el déficit público, que supuso una reducción de un cinco por ciento de la masa salarial de los empleados públicos; el Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que eliminó la paga extraordinaria de diciembre de 2012; y la Ley 20/2011, que estableció con carácter general para los empleados públicos una jornada laboral mínima de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio sin incremento retributivo alguno. Tras esta tormenta normativa, “recuperar lo perdido” era la ‘calma’ que esperaban las centrales para amainar el clima de inestabilidad, pero más allá de este deseo se ha llegado a tensar aún más la situación. Esa recuperación de algunos derechos laborales fue la moneda de cambio electoral. Además de la ‘archiconocida’ petición de la oposición de la derogación del RD 16/2012, algunas formaciones comenzaron a defender la reducción en dos horas y media de la jornada laboral, hasta las 35 horas a la semana, o al menos, una compensación a los profesionales al respecto.
