Publicado en Con Salud La reciente condena a dos años de prisión a dos personas acusadas de apoyar el suicidio de una mujer que padecía depresión en Avilés en el año 2012, y que a su vez también estaban acusadas de haber ayudado a morir a un enfermo terminal en Cádiz, ha vuelto a reabrir el debate sobre la muerte asistida en España. La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la cual eran socios los dos condenados, ha organizado este miércoles una rueda de prensa para aclarar que, aunque consideran que la condena de la Fiscalía de Avilés no está justificada, los acusados se declararon culpables para evitar el ingreso en prisión, y viendo que “la ambigüedad de la ley y la falta de jurisprudencia podrían haber llevado a una interpretación opuesta de los actos incriminados”, como señalan en un comunicado. No obstante, aclaran que, en el caso de la mujer, se trataba de una persona con “graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar a la que los acusados nunca conocieron”. Mientras que, en el otro caso, “se confundió la sedación paliativa con la eutanasia”.
