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Denuncian discriminación por parte de la Generalitat de Valencia por las medidas “contra” estudiantes de medicina

2 de junio, 2016
Quirofano

El anuncio de la Consellera de Sanidad de la Comunidad de Valencia, Carmen Montón de vetar a los estudiantes de medicina de universidades privadas para las prácticas en hospitales públicos (ver noticia), ha levantado revuelo e indignación en el sector sanitario con la definición unánime de “discriminación”.

La Consellera de Sanidad y el de Educación, Carmen Montón y Vicent Marzà respectivamente, anunciaron que los alumnos que comiencen su ciclo formativo a partir del curso 2016-2017 en universidades privadas deberán realizar sus prácticas en hospitales privados o de gestión privada si están acreditados para docencia universitaria.

Uno de los primeros aludidos que han respondido a la provocación de Montón ha sido la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria de Valencia que ha recordado que su titulación está verificada por la Aneca y cuenta con la aprobación tanto del Consejo de Universidades como del Consejo de Ministros, y que además ha sido autorizada por el Gobierno valenciano, y han asegurado que defenderán a sus estudiantes “si finalmente se vieran discriminados por la elección de la universidad donde libremente han decidido formarse”.

También la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (UFV) ha reaccionado ante la decisión del gobierno valenciano, y El Dr. Juan Pérez Miranda, vicerrector y director de relaciones institucionales de Medicina ha recordado que las facultades de medicina no emiten títulos propios, sino que son firmados por el Rey. “El carácter de título oficial de Graduado, hace que en el proceso de aprobación de los estudios de ciencias de la salud, y al amparo de lo establecido en la legislación que lo regula (RD 1558/86), es preceptivo contar con Hospitales Universitarios acreditados como tales“, ha incidido, indicando que el RD 1558 establece que “el personal sanitario que ejerza funciones como Profesor asociado podrá ejercer el conjunto de sus funciones asistenciales y docentes desarrolladas en una misma jornada, en régimen de dedicación conjunta“, cuestión que está expresamente contemplada como excepción a la Ley de Incompatibilidades desde el año 1984. “Estos convenios representan una oportunidad docente para esos hospitales públicos sin coste alguno para ellos, así como oportunidades de investigación conjunta, que de otro modo no tendrían lugar“, ha dicho, y ha valorado la experiencia de colaboración docente con Hospitales Universitarios públicos de la UFV como “mutuamente satisfactoria para los dos ámbitos (Hospital y Universidad)“.

Por su parte, desde la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) se ha asegurado que “quien voluntariamente decide acudir a una universidad privada está sufragando a su vez la formación universitaria de titularidad pública”. Por otro lado, también se ha mostrado discrepante con la situación porque “el debate constructivo nunca debería centrarse en la ubicación o la titularidad de la formación, sino en la calidad de la misma; formar a los mejores profesionales sanitarios en los mejores centros, públicos o privados, debería ser el foco y el empeño y no centrar el debate en un mar de diatribas que a nada conducen salvo a perder competitividad y liderazgo en esta materia tan relevante: nuestra sanidad en el futuro”. Además, también ha asegurado que “la formación del personal facultativo, tanto en su periodo de grado como en el postgrado y de especialización, debe suponer la mayor garantía de cualificación profesional, calidad, seguridad y motivación personal para toda nuestra sociedad; de ello depende el grado de excelencia y competitividad de todo nuestro sistema sanitario”.

Además el IDIS ha incidido en que “La formación del personal facultativo, tanto en su periodo de grado como en el postgrado y de especialización, debe suponer la mayor garantía de cualificación profesional, calidad, seguridad y motivación personal para toda nuestra sociedad; de ello depende el grado de excelencia y competitividad de todo nuestro sistema sanitario”, además de solicitar que se elimine de una vez por todas la dicotomía sanidad pública–sanidad privada para trasladar a la sociedad la complementariedad y sinergia necesarias como valores fundamentales en todos los ámbitos: en el formativo y docente, en el investigador, en el asistencial o en el preventivo.

También el Colegio de Valencia ha pedido que “no haya limitación de prácticas a los estudiantes de medicina”, y entienden que si las universidades privadas han sido aceptadas por el sistema educativo valenciano para formar a profesionales de la medicina, los alumnos deberían tener las mismas oportunidades de poder acceder a la formación complementaria , especificando que “también a hospitales públicos, independientemente del ámbito en el que hayan estudiado y sin estar limitados en las oportunidades formativas”. Para el Colegio de Valencia el objetivo debe ser dar acceso a la mejor formación posible y asegurar la mejor atención a los pacientes.

Ribera Salud, una de las entidades afectadas, ha asegurado de forma oficial a través de las redes sociales que “formar a los profesionales del futuro no es una cuestión pública o privada, es de responsabilidad con la sociedad