Publicado en ABC La promesa electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de que integraría los seis hospitales públicos de gestión privada en el servicio público madrileño de Salud (Sermas) ha generado dudas de inconstitucionalidad a la Abogacía del Estado, que ya se han resuelto. El Gobierno regional y la Administración central, en el seno de la comisión bilateral, han negociado en los últimos días un acuerdo para proceder a la integración del personal de los centros hospitalarios, prevista para este mes. Los centros en cuestión son: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Tajo (Aranjuez), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Henares (Coslada). Y su personal total suma algo menos de 7.000 trabajadores, la mayoría fijos. Sin embargo, las discrepancias planteadas por la Abogacía del Estado afectaban a 503 trabajadores eventuales (de ellos, 328 médicos), que deben elegir si pasan a ser personal estatutario o laboral. En el primer caso, y tras la negociación con el Estado, la Comunidad garantiza que se mantienen los niveles salariales, a través de un complemento de productividad transitorio, y la antigüedad. En los años próximos, Sanidad irá sacando plazas para ofertarles la condición de fijos.
