Publicado en Diario Médico La Seguridad Social deberá pagar una intervención de 23.254 euros a una paciente que se operó en una clínica privada suiza. Se trata de una mujer que presentaba un cuadro clínico con compresión nerviosa intrapélvica de raíces sacras derivada de lesiones de endometrios, el cual solo se podía intervenir en la Unidad de Neuropelvología del hospital Hirslanden de Zúrich. El Servicio de Prestaciones y Conciertos del Servicio Navarro de Salud autorizó la intervención y la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de Trabajadores Migrantes emitió el certificado que permitía la intervención: el E-112. Cuando la mujer solicitó que se le reintegrara la cantidad que había costado la operación, la Seguridad Social le respondió que no era posible al ser un procedimiento que no estaba implantado en los Sistemas Públicos de Salud de ninguno de los países del Espacio Social Europeo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al igual que el Tribunal Supremo, entienden que la emisión del citado documento “constituye un acto administrativo eficaz desde su emisión, lo que implica el derecho del administrado a beneficiarse del contenido autorizatorio en los términos en los que fue dictado y en que le fue trasladado”.
