Publicado en Acta Sanitaria La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), la Organización Médica Colegial de España (OMC), y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han reclamado el fin de los obstáculos para el acceso a la salud de las personas presas en España. Durante un encuentro, celebrado en la sede del Defensor del Pueblo, las organizaciones lamentaron que las personas privadas de libertad tengan una salud “extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad”, a pesar de que la ley establece que han de tener los mismos derechos, en lo que a atención sanitaria se refiere, que las personas libres. “La práctica ha demostrado la ineficacia del sistema”, aseguraron. Es por ello que una ley resolvió, en 2003, que las competencias tenían que ser transferidas a las comunidades autónomas. A día de hoy, denunciaron, solo el País Vasco tiene traspasadas las competencias y su “exitosa experiencia” avala una mejora para la sanidad de las personas internas. “El deber de la administración y el correspondiente derecho de las personas privadas de libertad es el de garantizar la salud de estas personas que se encuentran bajo su responsabilidad, sin embargo, el Estado no cumple”, afirmaron.