Publicado en El Mundo La consellera de Sanidad está aplicando todo el peso de la Administración que posee a su cargo para acabar con el modelo de gestión concesional en el Hospital de la Ribera. Las exigencias que Carmen Montón ha impuesto a la empresa Ribera Salud con cambios de procesos y entrega de documentación son tan extremas que habría que cerrar el hospital y dejar sin atención a la población, con cerca de 265.000 personas, adscrita al departamento número 11. Incluso, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que lleva el caso también ha comprendido la dureza de los requerimientos porque ha accedido a suspender mes y medio los plazos contenidos en las normas dadas por la Conselleria de Sanidad a la UTE para la reversión del departamento de salud de La Ribera y el Hospital de Alzira, así como del personal, instalaciones, equipamientos, inversiones y demás elementos vinculados con ese servicio público.
