Publicado en El Confidencial Las restricciones financieras de muchos gobiernos occidentales les han llevado a buscar formas alternativas de proveer los servicios públicos: en lugar de que sean los burócratas estatales y el resto de los empleados públicos quienes se encarguen de organizar y suministrar la sanidad, la educación o la dependencia, los gobiernos optan crecientemente por encargar a operadores privados la prestación de esos servicios a cambio de una remuneración costeada por el contribuyente. Frente a la tradicional prestación pública, desde hace años viene apostándose por la prestación público-privada. Como liberal, no propugno ni la prestación pública ni tampoco la público-privada, y no lo hago porque defiendo una alternativa genuinamente privada: un mercado libre, transparente, abierto a la competencia y sin interferencias gubernamentales constituye el marco institucional óptimo para lograr tanto una mejora continuada de la calidad cuanto una reducción progresiva de los costes. Como mucho, el Estado debería ejercer funciones redistributivas —y acaso reguladoras— de carácter subsidiario para garantizar que nadie quede descolgado de tales servicios, pero no ser el promotor e impulsor de los mismos, ni directamente (prestación pública) ni tampoco indirectamente (prestación público-privada).
