Representantes de la Fundación IDIS y de la Profesión Farmacéutica han abordado conjuntamente el desarrollo y la implantación de la Receta Electrónica Privada. Por una parte estuvo el presidente, secretario general y tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos -Jesús Aguilar, Luis Amaro y Rosa López- Torres, respectivamente- y el presidente, Adolfo Fernández-Valmayor y el director general, Manuel Vilches, de IDIS.
En palabras de Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la práctica totalidad de las farmacias españoles disponen ya de receta electrónica en el ámbito público y abordar el ámbito privado resulta fundamental para ofrecer una prestación global y de calidad a los pacientes. “Desde la Organización Farmacéutica Colegial tenemos la experiencia y sabemos lo que es poner en marcha un sistema de Receta Electrónica con éxito. Un conocimiento, un esfuerzo y una inversión que hemos de aprovechar en la implantación de la receta electrónica privada“, añade el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
De acuerdo con Adolfo Fernández-Valmayor, presidente IDIS, la implantación de la receta electrónica en nuestro país es muy relevante para los pacientes en cuanto a agilidad, seguridad, adherencia terapéutica y, en definitiva, para el seguimiento de tratamientos interpuestos. Sin duda, tal y como señala, “esto facilitará y reforzará la idea de que el paciente ocupe el centro del sistema y de crear un modelo asistencial que gire en torno a él de cara a una gestión corresponsable de su propia salud”
Por su parte, el director general de IDIS, Manuel Vilches, ha querido recalcar “que la implantación de la receta electrónica privada es un paso más dentro de la apuesta que realiza IDIS con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Sin duda, esta herramienta supone un elemento de mejora para el Sistema Nacional de Salud al aumentar la eficiencia, reducir costes y optimizar la atención a los pacientes“.
“En este proyecto está previsto que participen todos los grupos de interés (stakeholders): entorno privado asistencial, compañías aseguradoras, patronales de la provisión del sector de titularidad privada y las organizaciones colegiales, entre otros” ha concluido.
