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La presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Concha Díaz, denunció en el Senado la desprotección a la que se enfrentan las personas sordas usuarias de la lengua de signos, y es que así lo puso de manifiesto en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Alta celebrada recientemente con el objetivo de hacer pública la realidad de la lengua de signos española como también denunciar distintas situaciones de vulneración de los derechos de sus usuarios.
Díaz, en su intervención, recordó que en España existe una nutrida comunidad lingüística de usuarias y usuarios de la lengua de signos española, una cuestión que recoge en su articulado (artículos 24.3.b y 30.4) la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, al referirse a las personas sordas desde el punto de vista de la discapacidad, como de una comunidad con una identidad lingüística y cultural propia. A su juicio, esta identidad no siempre se respeta al mismo nivel que se hace con otras lenguas del Estado español. Al respecto, subrayó que “poco importa si somos una o un millón. Tenemos derechos y como tal, deben ser protegidos”.
CNSE reclama que las lenguas de signos españolas sean reconocidas como “bien inmaterial de interés cultural”
Con este argumento, a continuación, propuso que las lenguas de signos españolas sean reconocidas como “bien inmaterial de interés cultural” al amparo de la Ley 10/2015 de 26 de mayo. Además, en el caso de una futura reforma de la Carta Magna, pidió “incorporar explícitamente la lengua de signos española en la Constitución Española”.
Asimismo, instó a las senadoras y senadores a “que España promueva o apoye la inclusión de las lenguas de signos en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias pues una de las principales carencias de la Carta tiene que ver con la no inclusión de las lenguas de signos usadas en toda Europa a pesar de estar históricamente documentadas en todos los estados miembros del Consejo de Europa”.
Garantizar la igualdad y no discriminación en la educación de las niñas y los niños sordos, mediante un buen acceso a la lengua de signos en las escuelas
Durante su comparecencia, otras de las cuestiones que la presidenta de la CNSE destacó es la realidad por la que pasa en España la atención temprana para la infancia sorda y sus familias. “Muchos profesionales rechazan la incorporación de la lengua de signos en la intervención de estas niñas y niños sordos porque desconocen que su aprendizaje favorece el acceso a la lengua oral, además de propiciar su participación e inclusión social”, afirmó Díaz. En relación a esto, apostó por “garantizar la igualdad y no discriminación en la educación de las niñas y los niños sordos, mediante un buen acceso a la lengua de signos en las escuelas, y la interacción con otros niños sordos, así como con modelos de adultos sordos signantes”.
Asimismo, solicitó “que se aumente la cantidad de centros que ofrecen educación bilingüe en lengua de signos en España para que las familias tengan la opción de elegir”, y denunció la escasez de intérpretes de lengua de signos española en institutos y Universidades, algo que “se repite año tras año, vulnerando el derecho constitucional a la educación”.
Acabar con los prejuicios y barreras que a menudo impiden a los ciudadanos sordos acceder al empleo ordinario
En cuanto a la incorporación al mercado laboral, la presidenta de la CNSE lamentó que las personas sordas desempleadas “no siempre puedan acceder a la formación para el empleo con intérpretes de lengua de signos o los medios de apoyo a la comunicación que precisen”, por lo que exige que “se acabe con los prejuicios y barreras que a menudo impiden a estos ciudadanos acceder al empleo ordinario”. A su vez, destacó la necesidad de revisar la normativa en prevención de riesgos laborales y ajustarla a la realidad de las personas sordas, “para que no nos limite tanto en la ocupación de puestos de trabajo”.
La presencia de la lengua de signos en la vida de las personas sordas es un garantía de accesibilidad y participación
Para finalizar, insistió en que la presencia de la lengua de signos en la vida de este colectivo “es un garantía de accesibilidad y participación”, y que como tal “debe estar presente en todos los ámbitos”.
Por ello, la presidenta de la CNSE propuso la incorporación de intérpretes de lengua de signos y del servicio de videointerpretación SVIsual para paliar la falta de accesibilidad en hospitales, centros de atención sociosanitaria, juzgados, fuerzas de seguridad e instituciones penitenciarias y concluyó que “aunque se ha avanzado exponencialmente en la cantidad y calidad de los servicios que se prestan, aún estamos lejos de ofrecer un entorno realmente accesible tal y como se estipula en la Ley 27/2007 y en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social de 2013 que establece como plazo el 4 de diciembre de 2017 para que las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos sean accesibles para personas con discapacidad”.
