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El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a un protésico dental por un delito de intrusismo profesional.
Como informa el Consejo de Dentistas, según recoge la sentencia, en un laboratorio en Roquetas de Mar, el acusado realizó actividades propias de los odontólogos o de médico estomatólogos sin estar habilitado para ello, careciendo por tanto de la titulación oficial que se precisa para ello.
En concreto, el falso protésico tomó impresiones de boca, colocó y adaptó prótesis dentales a los pacientes, además de hacer propaganda al público de las actividades que realizaba mediante folletos.
Ante estos hechos, el Colegio Oficial de Dentistas de Almería se personó como acusación particular, y es que los hechos relatados son constitutivos de un delito de intrusismo profesional, ya que el acusado carece de la titulación académica oficial requerida para realizar las acciones de un odontólogo o de médico estomatólogo.
El presidente del Consejo General de Dentistas recomienda a los ciudadanos que se aseguren de que el dentista que les va a tratar está colegiado
El fallo del juez condena al acusado a una pena de “seis meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena” y al pago de las costas ocasionadas en el procedimiento. La sentencia no es firme y cabe interponer recurso de apelación contra la misma.
Ante este nuevo caso de intrusismo profesional, el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, recomienda a los ciudadanos que se aseguren de que el dentista que les va a tratar está colegiado y, si tienen la más mínima duda al respecto que consulten en el Colegio de Dentistas de la provincia correspondiente si el profesional que les va a atender está colegiado y, por ende, capacitado para ejercer legalmente la Odontología.
Asimismo, recuerda que “el protésico dental no tiene labores asistenciales asignadas puesto que no tiene ni los conocimientos ni la titulación requerida para ello”, también pide a las autoridades competentes “que se tomen las medidas pertinentes para endurecer las penas por este tipo de delitos para que sean verdaderamente disuasorias”, puesto que estos delitos generan un alto riesgo para la salud de la población y, sin embargo, por lo general, suelen saldarse con condenas extremadamente leves.
