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Las compañías farmacéuticas asociadas a Farmaindustria abonarán en el Tesoro Público un total de 121 millones de euros a lo largo de todo el mes de enero correspondientes a la aplicación del convenio de colaboración con el Gobierno en 2018. El abono se realizará a cuenta de la liquidación final de ese año que aún está pendiente del cierre definitivo.
En los próximos seis meses, el Gobierno y las farmacéuticas firmarán un nuevo convenio para 2020, por lo que se prorrogará el de 2019
En los próximos seis meses, el Gobierno y las farmacéuticas firmarán un nuevo convenio para 2020, por lo que se prorrogará transitoriamente el de 2019. La patronal de los laboratorios aprobó la negociación de este nuevo acuerdo la semana pasada, una decisión que está pendiente de ratificación por la asamblea de la asociación.
El convenio compromete a las farmacéuticas que venden medicamentos originales o genéricos ni biosimilares a hacer devoluciones si el gasto público en estos fármacos crece por encima del Producto Interior Bruto (PIB) en términos reales. Es decir, renuncian a crecer por encima de lo que lo hace la economía del país. Esta circunstancia se dio por primera vez en 2018, aunque el primer convenio de estas características entró en vigor en 2016.
Las farmacéuticas netamente innovadoras hacen devoluciones si el gasto público en estos fármacos crece por encima del PIB, según el convenio
Desde Farmaindustria señalan que este acuerdo muestra el compromiso de la industria farmacéutica con la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, por tanto, con los pacientes y la sociedad en general. También evidencia su voluntad de diálogo y entendimiento con la Administración en busca de soluciones para compatibilizar sostenibilidad, acceso e innovación, piedras angulares del sistema de salud.
La patronal valora el convenio como un “eficaz mecanismo de control presupuestario” para la Administración. Además, señala que contribuye a crear un marco de estabilidad, certidumbre y confianza para esta industria. Esto resulta esencial para impulsar la I+D de nuevos medicamentos que requiere elevadas inversiones en el medio y largo plazo. También señalan que refuerza el papel de España como uno de los países de Europa con mejores condiciones para desarrollar proyectos de investigación clínica.
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