Criterios de preferencia en la asistencia sanitaria durante el coronavirus

..Antonio de Mendoza. Actuario y abogado. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.
El contagio universal de una enfermedad trasmitida por el coronavirus, ha provocado una saturación del sistema sanitario, ante lo que han aparecido recomendaciones más o menos oficiosas de aplicar protocolos de asistencia en que se de preferencia de asistencia médica en función de criterios utilitaristas o económicos en lugar de acuerdo con la situación y necesidades del enfermo.

Uno de los criterios de preferencia aplicados ha sido el de la edad de los pacientes, dando preferencia a los menores de 70 años o 65 para ingresar en las UCI, o bien a un criterio seudocientífico de esperanza de vida considerando que un anciano o un enfermo con patologías previas, es prescindible para la sociedad.

La ideología eugenésica no se ha circunscrito solamente al nazismo

La gravedad de la aplicación de este criterio es su justificación ante la sociedad bajo la cobertura o pretexto de que la aplicación de este criterio es por el bien de la sociedad. De hecho, esta valoración económica o utilitarista está penetrando en la conciencia social, favorecida por una propaganda nacionalista de una supuesta superioridad racial especialmente en regiones como Cataluña donde se está aplicando este criterio.

Lo cierto es que semejante ideología eugenésica no se ha circunscrito solamente al nazismo, sino que ha estado muy extendida en el mundo anglosajón influido por autores como Darwin o Malthus, aunque sin alcanzar la implantación desde el Estado.

Por ejemplo, la generalización de este criterio llevado a sus últimas consecuencias de clasificar a los ciudadanos en función de su esperanza de vida, llevaría a que las personas más rentables serían los menores de 5 años e incluso los concebidos no nacidos que son los seres humanos con mayor esperanza de vida; a su vez las personas más prescindibles, serían el colectivo de sabios y de dirigentes políticos entre los que predominan las personas de edad avanzada. Con esto se pone de manifiesto la debilidad y falsedad de este criterio incluso desde el punto de vista utilitario.

Naturaleza de la Seguridad Social
La atención mayoritaria de los enfermos en España es a través de Sanidad Pública de Seguridad Social, por lo que al margen de consideraciones éticas e incluso puramente económicas conviene tratarlo desde el punto de vista legal y de la naturaleza del Sistema de Sanidad Pública de la Seguridad Social.

La Seguridad Social es un seguro social con un sistema de reparto de prestaciones

Es preciso dejar claro, que el Sistema de Seguridad Social, contributivo, no es una prestación estatal, sino una prestación de una mutualidad, aunque protegida y regulada por el estado pero no gestionada directamente y basada realmente en que es una ingente cantidad de recursos, cuya control resulta apetecible para los políticos, como ocurrió con las Cajas de Ahorro.

Como tal mutualidad, por su origen, pertenece a los mutualistas y no al Estado. La peculiaridad es que está concebida como un sistema de reparto, que es el más económico en su gestión y el más sencillo. En este sentido no es más que un seguro con unas determinadas contraprestaciones o primas deducidas de las nóminas de los trabajadores y que garantizan unas determinadas prestaciones en circunstancias acordadas. En este sentido está sometida a la regulación genérica y común de las mutualidades y debe ser gestionada y administrada por los mutualistas que tiene unas obligaciones y derechos contractuales. Otro sector es el de los ciudadanos que no están incluidos en el sistema y cuyas necesidades, si deben ser cubiertas por el Estado a través de los impuestos y sujetos a la aprobación parlamentaria.

En este sistema mutualista, del que se apoderó el Estado y que fragmentó entre las autonomías, transgrediendo el principio de solidaridad razón de ser de la Seguridad Social, y atentando contra una gestión eficiente en prestaciones, investigación y coordinación. En este sistema no existe discriminación en función de la edad ni por otra causa, pues en el sistema sanitario todos tiene derecho al mismo tipo de asistencia.

Solo por criterios económicos
Ante la existencia de documentos internos que recomiendan la asistencia en UCI, según criterios que tengan en cuenta la edad o esperanza de vida teórica, impidiendo la asistencia o recomendando su exclusión a los enfermos de más edad.

El criterio de aplicar remedios según la esperanza de vida del paciente, puede ser un criterio admisible, aunque discutible, desde el punto de vista económico, pero mucho menos admisible desde el punto de vista ético y de justicia como asegurado.

El criterio de la esperanza de vida es inadmisible éticamente, posible económicamente

Lo primero que hay que definir es que el sistema de Seguridad Social Público, no es una institución estatal, sino por su fundación y esencia es un sistema de mutualidad y por tanto propiedad de los contribuyentes al mismo, aunque supervisada, protegida y parcialmente regulada por el Estado. Está destinado a los trabajadores en activo o jubilados como sistema Contributivo y su división y fragmentación de la Seguridad Social y en especial del sistema de Sanidad Pública, va contra la esencia de la razón de ser de la Seguridad Social:

  • Pone en peligro el principio de solidaridad, esencial en el sistema de Seguridad Social
  • Complica la administración y la hace ineficiente
  • Dificulta la asistencia de los beneficiarios
  • Resulta ineficiente en la coordinación de la investigación
  • Implica la potenciación de duplicidades
  • Dificulta la inversión en equipos muy caros que solo están al alcance de una seguridad Social integrada.

Resulta significativo que la ineficiencia de la fragmentación del Sistema de Sanidad Pública ha quedado patente con el deterioro que se ha producido comparando el dato de nº de camas hospitalarias disponibles por cada 1.000 habitantes, que en 1975 era de 5,36 por cada 1.000 habitantes, en 1977 de 5,34, en 1995 de 3,34, en 1998 de 3,81 y en 2005 de 3,36. Lo que pone de manifiesto que la fragmentación en autonomías ha sido letal para la Sanidad Pública.

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