Sanidad pone a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios privados de diagnóstico clínico

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..J.P.R.
El Ministerio de Sanidad ha publicado una orden por la que pone a disposición de las comunidades autónomas de los laboratorios públicos y privados de diagnóstico clínico. La Orden SND/344/2020 incluye a todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal.

La norma fija también una serie de criterios para la indicación de las pruebas clínicas para la detección del coronavirus. Las pruebas deben estar indicadas por un facultativo. El texto insta también a todos los centros, con independencia de su titularidad, deberán notificar a las CCAA los casos de COVID-19 confirmados de los que hayan tenido conocimiento tras la realización de las pruebas diagnósticas.

Sanidad ha publicado una orden por la que pone a disposición de las comunidades autónomas de los laboratorios públicos y privados de diagnóstico clínico

A la conclusión del Consejo de Ministros, Salvador Illa, ha argumentado que esta decisión busca establecer criterios de “equidad y cohesión” en la realización de las pruebas diagnósticas. Illa ha advertido que la medida trata de garantizar que estas pruebas se realizan a personas con sintomatología grave o leve o a grupos de riesgo y vulnerables como los ancianos. “Esta nueva orden establece la obligatoriedad de notificar a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma todos los casos que se hayan diagnosticado”.

El ministro se ha mostrado optimista a la vista de los últimos datos. Illa ha asegurado que España ha comenzado a doblegar la curva de contagios. En el día de ayer el número de contagios creció un 1,7%, un ritmo menor que el de los últimos días.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que el fin de es orden es “controlar el uso de PCR para que sea lo más eficientemente posible”. Simón ha advertido que “en periodos de escasez”, Sanidad no puede permitir, por un lado, que la prueba se realice “en grupos poblacionales que no van a ser suficientemente eficientes como para generar resultados adecuados” y, por otro, “que los diagnósticos que se hagan no queden bajo la tutela o el conocimiento de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas”. Además preocupa el hecho de que puedan solicitar la prueba personas asintomáticas, en las que la PCR no es “eficiente”.

Una de las preocupaciones del Ministerio es el establecimiento de precios abusivos a personas que quieran someterse a la prueba. Simón ha asegurado que los test son una prioridad y un acto de salud pública. Por este motivo, Sanidad busca “que no haya abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCR”.

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