¿Con 16 años es una niña mayor para decidir que tiene que abortar? ¿porqué me obligan a interrumpir un embarazo (o matar una vida humana en formación) sólo por haber estudiado medicina? ¿se dan cuenta las jóvenes de los efectos secundarios que tiene la píldora del día después? Estas son cuestiones que se quedaron pendientes en la anterior legislatura, y que el nuevo Gobierno ha vuelto a rescatar para cambiar la legislación.
“Si yo tuviera una hija, no me gustaría que le permitieran tomar estas decisiones sin contar con mi ayuda, pues es una edad muy inmadura para decidir cosas tan importantes sobre una vida humana”. Seguro que este pensamiento ha pasado por la mayoría de los padres, pues estén a favor o no del aborto, el permitir a una niña de esa edad que tome esa decisión tan importante “sola”, es no pensar en ella, en lo que realmente supone abortar, y las consecuencias psicológicas que este acto tiene. Los médicos más que nadie conocen la repercusión psicológica del hecho, y aconsejan que le mujer no vaya sola, y que cuente con algún apoyo psicológico.
Abordando otra cuestión, no se puede obligar a una persona, por el mero hecho de haber estudiado medicina, y haber elegido la especialidad e ginecología a interrumpir un embarazo, a matar a un niño. Y se está haciendo en muchos hospitales, donde un residente se ve amenazado con el despido o con la imposibilidad de ascenso, si se niega a interrumpir un embarazo, no ya de una “menor”, sino también de una “mayor”. Por supuesto esto no pasa con los médicos que ya son adjuntos, a los que nadie les obligó a hacer nada que no quisiesen por motivos morales. Pueden decidir si quieren o no hacerlo. Esto también provoca que sean los más jóvenes los que tienen que hacerlo.
Parece que el nuevo gobierno se está planteando reformar esto, y una de las medidas que quiere cambiar es la objeción de los profesionales sanitarios ya que es un derecho que debe estar garantizado.
Otro gran vacío que no quedó resuelto en la ley creada en el 2010 es el tema del uso de la pastilla del día después. La venta de esta pastilla no puede ser libre, y tan fácil de conseguir como ir a una farmacia y pedirla. Es necesario que los centros públicos puedan controlarlo, que haya algún registro en el que se pueda ver quién la toma y cuántas veces lo ha hecho, sobre todo por los efectos secundarios que tiene. Además el centro de salud puede aprovechar para hacer educación preventiva sobre el uso de otro tipo de cuidados.
De la reforma propuesta por el nuevo Ministro de Justicia se ha oído mucho, pero falta conocer la voz del médico, que es una de las partes más afectadas. ¿El Colegio debe tener una opinión o continuar en la indiferencia como está haciendo hasta ahora?
