Lola Granada
La aplicación de la contraseña correspondiente en las nuevas recetas médicas, por la que se fija el importe que los usuarios deben pagar desde el pasado 1 de julio a las farmacias cuando procedan a retirar los medicamentos que le han sido recetados por su médico de cabecera o los especialistas, han empezado a proporcionar demasiados dolores de cabeza, a los interesados, a las farmacias y a la propia Sanidad.
¿Cuál es la razón? Pues que el Ministerio de Sanidad está calculando el baremo de acuerdo con los datos que le ha proporcionado Hacienda procedentes de las declaraciones de la renta correspondientes al ejercicio de 2010, en lugar de hacerlos sobre el último, el ejercicio de 2011. Una situación que puede crear, de hecho lo está creando ya, situaciones injustas y no actuales con la situación de los trabajadores jubilados, cuyo estado fiscal puede variar bastante de un año a otro, contemplado a la luz de la legalidad más estricta, que les puede llevar a que se les aplique un código erróneo para determinar la cuantía que deben abonar a las farmacias cundo procedan a retirar los medicamentos legalmente recetados.
No de puede explicar esta molesta situación para todos pacientes y administraciones. Lo lógico sería que la actualización de esta renta que realiza Hacienda, fuese comunicada rápidamente a Sanidad para su actualización permanente. De esta forma se evitarían las numerosas quejas que ya se están dando.
Un portavoz cualificado del Ministerio de Sanidad ha asegurado que la solución a estos problemas la deben dar las Autonomías. Circunstancia que casi nadie, o muy pocos, está de acuerdo porque son los ambulatorios del SNS los que atienden al ciudadano. Las Consejerías de Sanidad, como es natural, no tienen la más mínima intervención en la elaboración de los datos fiscales de cada persona con los que se elaboran dichos datos . Su origen está pues en el trabajo previo que tiene que realizar Hacienda, no Sanidad, que no sabe nada de ello.
Como se puede apreciar, se trata de un problema muy serio, que debe arreglarse lo más pronto posible. Los ciudadanos no tienen por qué sufrir en sus propias carnes los errores de criterio de una Adaministración a la que pagan religiosamente y, muy bien, por cierto.
Según ha declarado la Consejera andaluza de Salud, Mª José Montero, en dicha Comuinidad, solo en estos días, se han producido más de 1.100 reclamaciones, el 80% de ellas están relacionadas con la mala aplicación de los códigos de descuento. En esta misma línea se ha manifestado la Consejera de Sanidad de Canarias, Brígida Mendoza.
Si se clasifica a una persona con un determinado nivel de renta, debe facilitársele oficialmente cuanto antes esta información. Con ello se pueden evitar molestias a los usuarios y trabajos extra a la Administración.
