Lola Granada
País Vasco, Andalucía, Canarias, Cataluña y Asturias se declaran en rebeldía contra el último peaje sanitario. A juzgar por las últimas reacciones de algunos políticos autonómicos, en España parece que no quieren enterarse de la situación. La economía está dejando sin espacio a la política, que hace oídos sordos y mira para otro lado cuando reciben los más sonoros avisos sobre nuestra situación económica real. A la contundente afirmación del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en respuesta a una pregunta en la habitual rueda de prensa tras uno de los últimos Consejos de Ministros:”que no hay dinero, señorita, que no hay dinero”, se ha unido la frase que el Presidente Rajoy pronunció el pasado 14 de agosto tras la reunión con el Rey en Palma de Mallorca:”Todos los españoles debemos 900.000 millones de euros”. O sea que, en España, en este momento, no hay el menor resquicio para cometer banalidades de ningún tipo. No es sostenible que gastemos 90.000 millones más de lo que ingresamos. Entre otras cosas porque corremos el riesgo de que nadie nos los quiera prestar.
Las cuentas y los avisos no pueden estar más claros, pero en algunos sitios no quieren atender y prefieren el desgaste a la razón, y las pruebas son sobradamente contundentes. Cinco Autonomías se rebelan abiertamente contra el peaje sanitario recomendado por el Gobierno Central de no prestar asistencia sanitaria a partir del próximo 1 de septiembre a los más de 150.000 inmigrantes “sin papeles” que se calcula hay en España en este momento. Solo los casos urgentes, las embarazadas y los menores tendrán garantizada la asistencia.
A los inmigrantes afectados por esta medida, que no tengan permiso de trabajo en España y, por tanto, se encuentran en una delicada situación económica debido a sus escasos o nulos recursos económicos y padezcan enfermedades crónicas, Sanidad les garantiza también la continuidad de su asistencia, pero con la advertencia de que pasará la factura que por ello corresponda a los Gobiernos de sus respectivos países de origen.
Los gobiernos autonómicos que, a pesar de las indicaciones, se opongan a ponerla en práctica, según comentan, están estudiando las fórmulas económicas que pueden desarrollar para continuar facilitando la asistencia sanitaria a este colectivo
El “Registro de Parejas de Hecho”, actualmente colapsado en Madrid hasta finales del próximo año, podría convertirse en un pequeño subterfugio para “colarse” en esta ayuda, dado que, desde 2010, una sentencia del Supremo extiende el régimen comunitario de ciudadanía europea a las mismas, pero solo a sus cónyuges y hasta esta esa fecha. Circunstancia que no debe confundirse con los pasos previos a la obtención de la nacionalidad, según aclara Guillermo Moral, Director del Departamento de Extranjería del gabinete jurídico “legalcity”. Un extranjero que se inscriba en el citado registro, podría obtener una tarjeta de familiar comunitario si demuestra tener cinco años de permanencia anterior en nuestro país, que no le obligaría a cotizar si quiere continuar permaneciendo en España. Si decidiera nacionalizarse debería contar con varios años de permanencia, diferentes según sea su procedencia; dos para los iberoamericanos, los sefardíes de Guinea Ecuatorial o los de Filipinas y, solamente un año, si contrae matrimonio con una persona que ya tenga la nacionalidad española, pero no por haberse inscrito en el citado registro de “parejas de hecho”. Para cerrar esa posible puerta de acceso, a sugerencia de la Comisión General de Extranjería y Documentación, se están tomando ciertas medidas de comprobación de datos, bastante exigentes, tendentes a evitar esos posibles intentos de fraude, con objeto de impedir que nuestra Sanidad se convierta en una posible mercadería, como indica el profesor de Salud Pública y miembro de Greds-Emconet(UPF), Joan Benach, evitando con ello que en nuestras Autonomías se siga produciendo ese goteo constante de privatización.
Como ya se conoce, la orden de Sanidad es absolutamente concreta. En el borrador que el Ministerio ha enviado a las Autonomías, se establece el pago que deben efectuar los inmigrantes irregulares para que se les continúe prestando asistencia sanitaria: Una cuota anual de 710,40 euros -59,20 al mes- para los mayores de 64 años. El 2º posible perceptor de hasta esa edad pagaría la misma cuota. En cambio al 3º y al 4º se les aplicaría un 15% de descuento en la misma y un 25% al quinto y siguientes.
Ante esta medida las Comunidades “rebeldes”, han tenido una forma diferente de reaccionar. Puede decirse que cada uno lo está haciendo a los intereses del aire político que mejor le va a sus respectivos Presidentes.
El País Vasco se inclina por utilizar a fondo las posibilidades que le ofrecen los servicios de asistencia social sobre los que esta Autonomía tiene competencia plena. No obstante, La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y sus servicios jurídicos están ultimando su plan de alegaciones para presentar su recurso al Constitucional, al margen de que Sanidad crea que con su actual marco jurídico es suficiente para poder continuar prestando la asistencia sanitaria total a los inmigrantes.
Andalucía –una de las Comunidades más endeudadas- se ha declarado –sin explicaciones- en manifiesta rebeldía al indicar que no tiene intención alguna de aplicar esta medida en su territorio y que, por tanto, continuará facilitándole asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales.
Boi Ruiz, responsable del Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, ha indicado que no tiene claro como se adaptará el desarrollo del Decreto aprobado el pasado mes de abril, en virtud del cual se prevé restringir el acceso sanitario a los inmigrantes sin papeles. Aún cuando su intención es continuar manteniendo un servicio sanitario total, pero, como ya ha indicado, no sabe cómo podrá efectuarse. No obstante, según manifiesta la portavoz oficial de Sanidad, se tiene la intención de esperar hasta el último momento -la semana última del mes de agosto-, cómo se aplicará en dicha Administración el contenido del citado Decreto. Postura que, además de resultar difícil de entender, contrasta con otras conductas de ámbito soberanista –una idea que desean clavar como si fuera un auténtico rejón de muerte en la médula de todos los ciudadanos, especialmente ahora que está tan próxima la celebración de la Diada – 11 de septiembre-. Unos recortes que asolarán los importantes capítulos de Sanidad y Educación, para intentar enjugar la deuda tan absoluta y selectiva que la Autonomía tiene como consecuencia del fuerte peaje que está pagando por culpa de sus ideas soberanistas. proyectos que nadie discute. Lo único que si se pone en tela de juicio es si esta fuerte prioridad que desde la Presidencia se le está dando es o no oportuno en unos momentos como los actuales en que la Sanidad tanto está sufriendo por la fuerte incapacidad económica que hoy tiene la Generalitat, a pesar de lo cual el ex diputado de CIU, Vincenç Villatoro, en el periodo 2011-2012, destinó 1.670.669 euros a 105 universidades europeas para la expansión del conocimiento de la cultura catalana. El controvertido “Proyecto Birmingham”.
Valencia, que ya intuyó con cierta antelación la llegada de estos problemas, a pesar de tenerlo completamente terminado, cerró a cal y canto para su inauguración “sine díe” el hospital comarcal de Liria, que le había costado treinta millones de euros. Para resolver el problema la Generalitat Valenciana, cuando declaró su insumisión –que ahora ya no mantiene-, anunció que crearía una tarjeta sanitaria especial para los inmigrantes sin papeles.
Otras Comunidades declaradas en “rebeldía sanitaria” van a tener muy difícil compaginar esta prestación con la ayuda económica solicitada al Gobierno Central
