Alfonso González
El mes de septiembre se caracteriza por ser una etapa del calendario demasiado convulsiva y compleja. Este año es mayor la complejidad, para la vida social, la económica y la política. El rompecabezas comienza con la anulación de más de 900.000 tarjetas sanitarias, según fuentes de Sanidad- la mitad de ellas en manos de extranjeros que no viven en España, cuyos beneficiarios las utilizan para acceder a tratamientos sanitarios en otros países, pero cuyo importe va a cargo de la Seguridad Social española. Toda una práctica-trampa del conocido “turismo sanitario” del que, según el Tribunal de Cuentas, España tiene , desde hace varios años, pendiente de cobrar 138 millones de euros, dándose, además, el caso de que con la medida de retirar las tarjetas sanitarias ilegales las arcas españolas podrían ahorrar 1.600 millones de euros anuales. Un hecho en el que todos, ciudadanos y, muy especialmente, las autoridades Comunitarias deben sopesar adecuadamente para tomar las decisiones pertinentes, actuando con un verdadero concepto ético-político de Estado, lejos de cualquier idea soberanista o independentista, mucho más tras la declaración reciente del Presidente de la UE, Durao Barroso, de que las regiones que se independicen de sus respectivos estados, saldrán de la UE y las declaraciones del Presidente de Standard & Poors de rebajar la calificación de la deuda de Cataluña a la categoría de de bono basura.
Todas las razones no son suficientes para dejar de amparar el genérico derecho que propugna la Constitución: “el acceso a la salud es un derecho de la ciudadanía”. Vistas las cosas desde este origen cada Administración Autonómica trata de justificar como puede las medidas legales que sobre esta mateia está dictando.
Cataluña ya ha avisado que continuará manteniendo la asistencia sanitaria a 600.000 personas legalmente “excluidas” de ella. Su Consejero de Salud, Boi Ruiz, amparándose en el mencionado precepto constitucional, acaba de confirmar que no acatará el Real Decreto 16/2012 del Gobierno Central y mantendrá, por tanto, la oportuna cobertura sanitaria al citado colectivo, de los cuales la Seguridad Social no tiene constancia oficial, bien por pertenecer a órdenes religiosas, ser profesionales liberales carentes de recursos que no cotizan o tienen rentas de más de 100.000 euros. A todos los españoles se les prestará una cobertura sanitaria integral con la obligación de que regularicen su situación en el plazo máximo de seis meses. En cuanto al colectivo de extranjeros que carezcan de permiso de residencia, deberán cumplir dos requisitos inexcusables, acreditar tres meses de empadronamiento e iniciar los trámites necesarios para que se les pueda facilitar una nueva tarjeta sanitaria que deberán renovar anualmente. Con esta medida se pretende controlar el “turismo sanitario”.
Para que se puedan acoger a los beneficios de la asistencia sanitaria, los que se encuentren en este “grupo” tendrán que notificar a la Generalitat no estar acreditados en la Seguridad Social, demostrar su identidad y que sus ingresos son inferiores a la renta considerada como básica para su inclusión en este apartado y llevar, también, tres meses viviendo en Cataluña.
La tarjeta sanitaria del Servicio Catalán de Salud permite el acceso a las prestaciones médicas generales, urgencias, embarazadas y a los menores, además de beneficiarse de un 40% del copago farmacéutico. Atenderá del mismo modo a los pacientes crónicos que sufran una enfermedad infecciosa, con la particularidad de que si una Comisión de Expertos estima que precisa una cobertura más amplia, cuando transcurra un año, podría recibir, además, asistencia especializada.
El Presidente en funciones del Gobierno Vasco, Patxi López, a pesar de las críticas que en estos días está recibiendo, continúa haciendo la guerra por su cuenta, como dice su Consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, vive en permanente insumisión, o lo que es igual, le gusta desobedecer.
No deja de ser curioso que, mientras que en las demás Autonomías, gracias al establecimiento del copago farmacéutico, la factura por medicamentos ha disminuido sustancialmente -en algunas del 7,7 al 10%- en el primer mes de su establecimiento, su Administración ha sufrido un incremento en la facturación de recetas de 1.202.531 euros, respecto al mes de julio de 2011 con la del presente año. El número de recetas emitidas también se incrementó en 202.354. Su Ejecutivo, confirmando la línea descrita al principio, no aceptará la orden de retirar la asistencia sanitaria a los “sin papeles”. Asegura que, los seguirán atendiendo, de acuerdo con sus disposiciones legales. Una prueba más del duro enfrentamiento que mantiene con el Ministerio de Sanidad por culpa del establecimiento del copago sanitario llevando este enfrentamiento al Tribunal Constitucional.. Para colmo, Rafael Bengoa se atreve a comentar que su actitud no debe calificarse de insumisión. ¿De que es entonces, Sr Bengoa, de obediencia?
El Presidente Núñez Feijóo, también en funciones por la misma razón que Patxi López, perteneciente al PP, navega también contra corriente en este aspecto y anda buscando salidas legales para justificar su línea de actuación. Lo más probable para obtener un rendimiento político electoral, dado que no le basta con el triunfo, necesita llegar a la mayoría absoluta su plan es, igual que el de los demás, no acatar la normativa estatal en esta materia.
En Galicia los inmigrantes que no tengan su documentación en regla –se calcula que en dicha comunidad sobrepasan los 9.000- tendrán derecho a recibir tanto los servicios de asistencia sanitaria primaria como los de la especializada. Justifica esta postura afirmando que al haber gobernado durante cuatro años con criterios económicos muy rigoristas la Xunta tiene, de momento, margen suficiente para llevar adelante su idea de ofrecer a todos sus ciudadanos los mejores y mayores derechos posibles. La Sanidad es uno de ellos.
Para facilitar este derecho, La Xunta creará una tarjeta sanitaria especial que permitirá a su titular recibir la debida asistencia necesaria en todos los centros hospitalarios oficiales de Galicia. Para tener derecho a ella, las personas que, por la razón que sea, residan de forma ilegal en la Comunidad gallega, tendrán que demostrar estar inscritos en el padrón municipal, además de dejar constancia de que no disponen de ingresos superiores a los que establece el Indicador Público de Rentas de efectos Múltiples (IPREM). Dichos límites se publicarán oportunamente en el Diario Oficial de Galicia.
Esta circunstancia, según manifiesta su portavoz, pretende evitar el conocido “efecto llamada”, por lo que la Xunta ha establecido un periodo mínimo de residencia en la misma y estar censados en cualquier municipio gallego.
Castilla-León, que en estos momentos anda preocupada por cuestiones muy diversas de bastante importancia, como la reordenación de su territorio o la posibilidad de acudir o no al fondo de rescate estatal –circunstancia que ante la acumulación de su deuda general no descarta- o la creación del Centro Integrado de Formación de FP “Rodríguez Fabra” en Salamanca, según el Portavoz oficial y Consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juarez, flexibilizará las condiciones para que los “sin papeles” y los trabajadores que precisen reciban la ayuda sanitaria que necesiten. Para ello cambiaran el Plan de Inversión y Empleo. Cuentan para ello con una partida especial de ocho millones de euros que podrá favorecer el nivel de formación de los trabajadores de forma que aumente su grado de empleabilidad e inserción de los mismas en una actividad laboral.
Y las demás Comunidades, ¿qué hoja de ruta han elegido para vadear esta disposición estatal? Con ligeras variantes, casi puede decirse más de lo mismo. De ser coherentes y de acuerdo con los comentarios iniciales, no estaría de más que seriamente se hicieran la pregunta que el columnista de ABC, Martín Ferrand, acaba de lanzar en fecha reciente ¿Qué futuro le espera a un Estado en el que sus regiones no cumplen las leyes que aprueba el Parlamento?
Las declaraciones de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tras el último Consejo de Ministros del mes de agosto dan algo de tranquilidad a las Comunidades, al decir que cada una podrá definir cómo van a prestar y sufragar el grado de asistencia sanitaria que cada una se plantea. Para los inmigrantes ilegales también tuvo una atención especial al advertirles claramente: “A partir del 1 de septiembre tendrán que buscarse ello mismos los mecanismos legales necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados con motivo de la prestación sanitaria que reciban, salvo que la Comunidad en que residan decida sufragarla. Y a aquellas, que si no cumplen su objetivo del déficit establecido, no deberán mantener la sanidad a los “sin papeles”, advirtiéndoles, que asumirán totalmente el coste de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, si deciden seguir prestando ese servicio al margen del sistema de aseguramiento implantado por Sanidad. No ha podido ser, ni más contundente ni más clara.
