Isabel González
En abril de 2009, el Juzgado de Instrucción Número 43 de Madrid admitió a trámite la querella interpuesta por los doctores Luis Montes, del servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y Miguel Ángel López Varas junto con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, contra Manuel Lamela, Consejero de Sanidad, por validar éste una denuncia anónima que acusaba a los doctores de supuestas sedaciones irregulares de 400 pacientes que fallecieron. En esta querella estaban implicados otros seis médicos, Bartolomé Bonet, del Hospital de Alcorcón, Hernán Cortés Funes, oncólogo del 12 de Octubre, Dolores Crespo, del Hospital Ramón y Cajal, Manuel González Barón y Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos, e Isidoro Álvarez, de la Consejería de Sanidad, que supuestamente realizaron un informe técnico falso sobre el caso para validar estas suposiciones ante la Consejería de Sanidad.
La Audiencia Provincial de Madrid acaba de archivar esta querella contra Lamela ya que consideran que éste tenía la “obligación” de “poner en conocimiento de la autoridad competente, con carácter inmediato y urgente, cualquier anomalía que observara”, con lo que queda absuelto de los hechos denunciados.
A su vez añadía el juez que, “no han podido indicar en qué se faltó a la verdad o por qué motivo se reputa falso el documento”, refiriéndose al informe de los seis médicos. Y terminó la magistrada alegando que «la mera denuncia de unos hechos que se consideran presuntamente punibles y con los que se inicia la acción penal no puede ser considerada como verdadero ejercicio de acciones judiciales penales por parte del denunciante puesto que tal ejercicio no surge de la denuncia en sí sino de su personación o a través de la formulación de querella».
