Lola Granada
La presión ejercida por los diferentes colectivos de profesionales sanitarios ha terminado por conseguir que la Comunidad de Madrid vaya a comenzar un diálogo para retocar el Plan de Medidas de Garantía para la Sostenibilidad de Sistema Sanitario Público Madrileño y el propio Ignacio González se ha comprometido a trabajar con los Jefes de Servicio para buscar conjuntamente en cada hospital donde se puede ahorrar.
Tras los paros, las manifestaciones y las huelgas, la última acción ha sido el detonante final de la apertura de la Comunidad, una carta abierta a los ciudadanos de la coordinadora de la Plataforma de Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos madrileños, que representan a 576 médicos de 20 centros sanitarios en la que se afirma que la calidad asistencial quedará comprometida con esta reforma.
Uno de los objetivos principales de la nueva negociación es que se reduzca el número de trabajadores eventuales que van a perder su plaza. Los propios Jefes de Servicio van a formular propuestas para que la reducción del gasto sea efectiva.
Los firmantes de la carta reconocen que «Los médicos sabemos que existen todavía medidas y actuaciones que con nuestro concurso podrían optimizar los recursos sanitarios, para lo que ya hemos comprometido repetidamente nuestra colaboración» y aprovechan para lanzar una acusación a las Consejería diciendo «sin que hasta ahora hayamos obtenido respuesta».
El objetivo final de la carta es solicitar la retirada del plan argumentando que conduce a una «irremisible pérdida de recursos para la sanidad pública y con ello a una pérdida de equidad en el acceso de los pacientes a los servicios sanitarios». Para ello se basa en cinco puntos:
- No es cierto que la sanidad privada sea más barata que la pública. En los países en que coexisten ambos sistemas el gasto sanitario por habitante y año es mucho más alto y la aportación de gasto público para ello también. Los ejemplos en España así lo demuestran.
- Mantener un sistema sanitario público de calidad es costoso porque la población demanda una asistencia de calidad con tecnología y recursos modernos y eficientes, como los que ahora tenemos en nuestros hospitales.
- La sanidad pública no es gratuita, como se ha dicho, se paga entre todos con los impuestos y ello garantiza la equidad en el acceso a los servicios sanitarios de calidad.
- Los hospitales que quieren vender están entre los menos costosos de la Comunidad. La aportación económica que la Comunidad de Madrid pretende pagar a los nuevos dueños es superior al coste actual. Por tanto las empresas que los compren van a tener beneficio con el dinero de nuestros impuestos.
- Los médicos del Sistema Público no estamos en contra de la existencia de hospitales privados, entendemos que la calidad asistencial en ambos es buena y compatible y que su coexistencia favorece la elección a aquellos pacientes que se lo puedan permitir. En lo que no podemos estar de acuerdo es en transferir recursos de la sanidad pública a la privada, como ha venido siendo habitual en los últimos años y como se pretende ahora con este plan que vende hospitales públicos eficientes a la sanidad privada.
La carta incide en la importancia y sinceridad de las reclamaciones: “Nuestras reclamaciones nada tienen que ver con intencionalidades políticas o con manipulaciones, ni tampoco con reivindicaciones salariales. Los médicos, igual que los demás profesionales de la salud, hemos sufrido recortes en nuestro salario y ampliaciones de jornada laboral y no hemos ido a la huelga porque estamos muy comprometidos con la estabilidad del sistema público de salud. Sólo así se entiende que médicos y profesionales sanitarios, los no sanitarios del sector, Colegio de Médicos de Madrid, Organización Médica Colegial, sociedades científicas, organizaciones profesionales, sindicatos y más de 900.000 firmas de ciudadanos coincidamos en buscar otra solución para garantizar la continuidad del mejor sistema público de salud que nunca hemos tenido.”
Por otro lado mientras el propio Fernández-Lasquetty afirma que este diálogo no supone paralizar la externalización de la gestión privada de los centros anunciados, desde los sindicatos se quiere forzar par que todo el plan quede retirado antes del día 20.
