Isabel González
Crece la preocupación sobre la posible politización de la llamada “marea blanca” que protesta sobre los recortes y medidas en la sanidad que vienen realizando y piensan realizar desde las Administraciones.
Mientras las protestas son justas porque el desencanto es evidente y la necesidad urgente, el pasado domingo varios testigos hablaban de banderas republicanas y ciertas facciones intentando avivar rendijas y atacar al Gobiernos con otras intenciones que no son las estrictamente planteadas desde los Sindicatos Médicos y los sectores sanitarios. También se habla de un intento de desacreditar a esta marea blanca atribuyéndole fines políticos y quitarle credibilidad y representatividad.
Se habla de “marea blanca orquestada por la izquierda” y se comenta desde algunos sectores que tratan de confundir esgrimiendo lemas como “Vamos a tener que ir al médico con la tarjeta de crédito” intentando convertir la palabra “externalización de servicios” con “pagos de servicios” dejando en el paciente una sensación de imaginar acudiendo a la consulta y teniendo que abonar por su servicio (algo que ya se hace con los impuestos). La presencia de personalidades como Tomás Gómez, líder socialista, no ha hecho más que echar más leña al fuego.
La propuesta que se hace desde los profesionales es intentar un control eficaz de los medios materiales y humanos, sea como sea, y evitar gastos inútiles fuera de ideales políticos o intereses creados. El seguimiento, después de tantos días, sigue siendo fuerte.
Sociedades Científicas
Las últimas en posicionarse han sido la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) y las tres sociedades nacionales de médicos de Atención Primaria (Semfyc, Semergen y SEMG). Ambas han enviado comunicados en los que rechazan el plan sanitario del Gobierno regional.
Facme agrupa a 37 sociedades científicas, considera que, precisamente esa ausencia de estudios es, «en sí misma, una señal de alarma sobre la transparencia y rendición de cuentas de la gestión sanitaria pública». En resumen, «no se puede afirmar, con datos sólidos, que la gestión privada sea más eficiente o de mejor calidad que la pública, ni lo contrario». «La privatización de la gestión sanitaria pública, poniéndola en manos de empresas, algunas dependientes de los fondos de capital-riesgo, es una maniobra que puede comprometer seriamente la capacidad de las administraciones públicas para hacer efectivas sus competencias de planificación y control», continúa el escrito. Las propuestas de privatización, afirma, «no pueden ser tratadas como políticas locales» y emplaza al Gobierno a garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio.
