Alfonso González
La decisión del Tribunal Constitucional de aceptar el recurso interpuesto por el Gobierno del País Vasco para seguir facilitando la atención sanitaria a extranjeros en situación irregular está causando una tormenta política.
Fuentes del Ministerio de Ana Mato afirman que respetan el auto emitido por el Tribunal Constitucional pero que «en ningún caso, la intención del Ministerio ha sido quitar la asistencia a nadie». También puntualizan que la intención nunca ha sido «quitar la asistencia a nadie. Lo que ha hecho ha sido regular la condición de asegurado y ha dicho quién puede tener tarjeta y quién no», tras recordar que en todas las regiones se les está ya atendiendo «sin ningún problema».
Estas misma fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han reflejado que el nuevo Gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu no podrá conceder a los sin papeles una tarjeta sanitaria «única e interoperable» a nivel estatal.
Las consecuencias también son políticas
Desde el Partido Popular se asegura que «si Urkullu quiere pagar las prótesis gratis a los alemanes, allá ellos, pero que no compliquen la vida al resto de españoles». Es una medida que ha causado gran división como muestra la alegría por la decisión de la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, y la rigidez en aplicar la norma de nueve Comunidades Autónomas (Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón)
Mientras otras ONG como CEAR, Intermón OXFAM ha reconocido su alegría porque la salud es un derecho del que nadie puede ser excluido y aplauden el gesto y piden que la decisión se aplique a todo el territorio.
Los médicos a favor de los «enfermos»
Desde diferentes estamentos médicos siempre se han mostrado contrarios a la medida. Para el Presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, la decisión de avalar es una alegría porque «desde la corporación hemos defendido la atención sanitaria universal para todos los ciudadanos y eso mismo es lo que avala el Tribunal Constitucional».
Por su parte la semFYC, a través de su presidente Josep Basora, afirma que el auto reconoce a los miles de médicos que se han sumado a la objeción de conciencia para atender a este colectivo. Es importante recordar que la semFYC fue uno de los principales impulsores de la campaña de objeción de conciencia.
No se retirará el decreto
«El Gobierno no va a retirar el decreto» afirmó José Ignacio Echaniz del Partido Popular porque forma parte de una reforma sanitaria que ha sido extraordinariamentre positiva para el sostenimiento del sistema.
