Isabel González
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite en su reunión plenaria, el recurso presentado el pasado mes de diciembre por el Gobierno central contra la medida del euro por receta aprobado por la Generalitat de Cataluña en marzo por considerar que las comunidades no pueden incidir en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16 de la Constitución. Esto implica su suspensión cautelar por un periodo no mayor de cinco meses en las que se tendrá que dar una solución sobre su legalidad y que pasará con el dinero recaudado.
Desde la Generalitat ya se han pronunciado expresando su intención de recurrir la suspensión, y por supuesto no renunciar a lo recaudado hasta ahora. Francesc Homs, Conseller de Presidencia de la generlitat, argumenta que esto supone consecuencias económicas para una región muy endeudada y que parece que «cualquier iniciativa catalana va contra la Constitución”.
Según los datos de la Conselleria de Salud, se estima que la recaudación por el cobro del euro ha sido de unos 45,7 millones de euros desde su implantación el pasado 23 de junio hasta finales de diciembre, siendo más bajo que las previsiones pensadas desde la Generalitat catalana (50 millones de euros).
Madrid como telón de fondo
El caso de la suspensión de la tasa en Barcelona complica verdaderamente la existencia a Javier Fernández-Lasquetty y a Ignacio González en la Comunidad de Madrid que han defendido la tasa incluso por encima de su partido. También ha defendido que no tiene pensado devolver el dinero aunque la medida se declare inconstitucional.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que la tasa catalana «perjudica» a la igualdad de los españoles al «gravar dos veces» la adquisición de medicamentos. y ya anunció que se recurriría también en Madrid al entender que vulnera el «principio de igualdad» de los ciudadanos y se «grava un acto médico», lo que sucedió el pasado viernes. Ignacio González, presidente de la Comunidad ha expresado que no tiene intención de devolver el dinero recaudado sea la que sea la decisión final.
La no recaudación de los 83 millones de euros previstos por la tasa del euro por receta suponen un grave problema para los planes económicos de la Comunidad, y por los que están luchando los médicos desde hace semanas.
