Isabel González
33.478 reclamaciones es la suma recogida por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Informe Anual de 2012 presentado en el Congreso de los Diputados, siendo un 36% superior a los del ejercicio anterior. 280.592 corresponden a expedientes, de los que 33.478 son quejas, 371 investigaciones de oficio y 246.743 solicitudes de inconstitucionalidad y amparo. Los tres organismos que mayor número de investigaciones han concentrado son el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Catalán de Salud.
Las causas principales son la situación de crisis económica y su consecuente reducción de salarios y condiciones laborales así como la disminución en la calidad de la atención de servicios y los recortes que desde la Administración de Ana Mato plantea, «problemas de legalidad ordinaria». «Las cifras que en este informe se ofrecen denotan las dificultades económicas por las que la sociedad ha atravesado», explica en la introducción de la memoria y añaden que éste déficit en las Administraciones Públicas recogido en la Ley de estabilidad Presupuestaria, «ha repercutido en la reducción total o parcial de la prestación de determinados servicios”.
Esto lleva a que se hayan aumentado las quejas sobre el nivel de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, financiación de medicamentos, supresión de centros de urgencia en Atención Primaria, demoras en pagos a proveedores de centros sanitarios y a oficinas de farmacia y retrasos en el reconocimiento de reclamaciones de carácter económico así como la supresión o cierre en horario nocturno de los denominados ‘puntos de atención continuada’ (PAC) de municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, la insuficiente dotación de personal en centros de salud o problemas para la asistencia sanitaria en poblaciones limítrofes entre comunidades, entre otras.
Otro de los puntos de este malestar, es el aumento de desempleo, sobre todo para las familias que han tenido problemas para pagar sus créditos ayudada por la falta de apoyo desde las entidades bancarias, «riesgo que no habían calculado suficientemente», argumentan sobre la responsabilidad bancaria. Continúan explicando que el comportamiento de las cajas de ahorro es «absolutamente censurable» al no informar adecuadamente del riesgo por venta de preferentes de este tipo de inversiones. Esto ha provocado que miles de personas no puedan retirar sus depósitos y se sientan indefensos ante ello. También se comenta la «enorme convulsión» que provoca en la sociedad la imposibilidad de pago de las hipotecas con el consecuente desahucio de miles o incluso millones de personas y familias, «En los difíciles momentos actuales por las circunstancias económicas, por los altos índices de desempleo, por las necesidades en materia de prestaciones sociales, por los esfuerzos que se piden a los ciudadanos para superar las dificultades y volver a momentos de crecimiento y bienestar, se requiere la confianza en las instituciones públicas, y estas deben ser capaces de merecerla», ha denunciado Becerril.
Respecto al copago, las quejas se han argumentado en el hecho de no ser proporcional al nivel de renta actual ya que se calcula sobre la renta del año 2010 lo que no se consideraría la actual realidad económica y la falta de devolución de las mismas cuando se superan los topes máximos para pensionistas. Desde este informe se pide a Sanidad que queden exentos los pensionistas con larga duración una vez llegados a este límite máximo como ya se hace en algunas comunidades, lo que lleva a otra de las quejas: la gran desigualdad sanitaria entre las distintas autonomías como en el derecho a la asistencia sanitaria y a la prestación farmacéutica; el diagnóstico genético preimplantatorio o la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, especialmente a personas con VIH.
Otro punto importante es el grave retraso de valoración de personas dependientes y la determinación de las prestaciones que «acreditan situaciones de demora objetivas» así como la máxima vulnerabilidad en la que se encuentran los inmigrantes con enfermedades graves.
En cambio, y como nota positiva, el Defensor del Pueblo destaca la reducción considerable del número de quejas recibidas relacionadas con el consumo de tabaco y con la autonomía de la voluntad de los pacientes y la información y documentación médica.
Los datos sobre expedientes redactados en el informe arrojan que:
- Un 91,5%, 256.869 entran en el sector de “empleo, educación y cultura, 253.095 impulsado por funcionarios, personal laboral y estatutario de la AGE (Administración General del Estado), Seguridad Social, comunidades autonómicas y corporaciones locales.
- Un 2,6%, 7.303, en el ámbito de la sanidad (1674, casi el triple del anterior) y política social.
- Un 2,5%, 7.083, en seguridad y justicia.
- Un 1.8%, 5.057, en economía y hacienda.
- Un 0,8%, 2.336, en medio ambiente y urbanismo.
- Un 0,6%, 1.814, en migraciones e igualdad de trato.
Como conclusión en las recomendaciones, se recuerda que en el 2012 se hicieron desde el Defensor del Pueblo 193 recomendaciones y 200 sugerencias, incluyendo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En ambos casos es mayor el número de ellas formuladas ante la Administración General del Estado, con un total de 105 recomendaciones y 73 sugerencias, respectivamente, mientras que ante las administraciones autonómicas han sido 56 y 43.
