El sesgo político y demagógico con el que se están recibiendo las últimas noticias que el Ministerio de Sanidad dio a conocer tras la anunciada reunión del Consejo Interterritorial es muy fuerte. La actual situación financiera española necesita de un realismo absoluto. El propio académico Luis Mª Ansón ha querido recordar a Mariano Rajoy que España no es ni Irlanda, ni Portugal, ni Grecia incluso ni Italia, por mucho respeto que se les tenga a estos países, y que la situación española puede aconsejar, si persiste el agobio merkeliano a nuestro país -que no deja de mandar recaditos, bien directamente o bien a través del envío de sus “amables inspectores” investidos con piel de cordero pero con garras de lobo-. Siempre se ha cumplido con los compromisos internacionales hasta en los momentos más duros y difíciles
Foro de pacientes, Sindicato de Enfermería, IU y algunos colectivos aislados de profesionales de la medicina, mantienen una disconformidad demasiado acentuada con los recortes anunciados. A pesar de que con ellas pueden evitarse los despilfarros no servirán para ahorrar lo suficiente y pueden obligar a los jubilados a elegir entre comprar alimentos o adquirir los fármacos que se le recetan. Circunstancia que favorecerá el resurgimiento de la antigua “beneficencia” o la medicina de pobres. Son opiniones, opiniones y opiniones, nada más.
Frente al tsunami informativo y el clima de opinión surgido por esta causa, se ha levantado la hasta ahora la voz del consejero de sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, para decir “El recorte de las medicinas a los pensionistas van a ser ocho euros al mes, cuatro cafés”. Un café a la semana o lo que es lo mismo, veinte céntimos al día. En declaraciones realizadas a través de la Cadena COPE ha seguido insistiendo en esta idea “El coste de las medidas acordadas por el Consejo Interterritorial del SNS – en el que se encuentran presentes los consejeros de sanidad y el Ministerio- como el establecimiento de un posible copago farmacéutico, no tiene ningún fin recaudatorio, todo lo contrario, es una medida que en un futuro evitará la fijación de otro tipo de copago en la asistencia sanitaria que, a la vez, se incorpora a un ámbito clínico en el, en cierta medida, ya existía. Si los pensionistas, hasta ahora, no pagan los medicamentos, si lo hacen, en cambio, el resto de los usuarios a la sanidad pública. La implantación de este sistema puede servir, además, para evitar el actual despilfarro. Son fórmulas inteligentes que pueden evitar el que se piense en otras de mayor calado o repercusión económica. Se justifica esta idea porque, como se ha sabido. no es de recibo el hecho de que cada año se tiren en España–sin abrir- 3.700 toneladas de medicamentos, pagados por el erario público, debido a la fiebre devoradora de algunos pacientes por acumular medicamentos.
Con el nuevo sistema, continua diciendo el consejero castellano-manchego, se podrían recortar en torno a 200 millones de euros. Una gota, si se quiere, dentro del gasto farmacéutico estatal, estimado actualmente en 16.000 millones de euros. Un grano no hace graneo, pero ayuda al compañero.
Ana Mato, en su comparecencia pública al terminar la citada reunión no ha precisado la cantidad exacta que aportarán estas medidas pero, según parece, con ellas se pueden alcanzar hasta 3.900 millones de euros de ahorro. Según Echániz, para evitar que continúe el despilfarro, se exigirá a las empresas farmacéuticas que adapten la presentación de los medicamentos a las necesidades de los tratamientos.
Lo importante y significativo es que las autonomías comiencen cuanto antes a aplicar estas medidas, a pesar de que Andalucía haya dicho que no está de acuerdo con ellas.
Tras conocerse la decisión del Interterritorial, la ministra se apresuró a decir que las medidas se adoptarán para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario de salud porque, en este caso, la competencia le corresponde al Estado. Aún cuando las autonomías tengan transferidas la competencia de Sanidad, no tienen, en cambio facultades sobre la gestión de los medicamentos. No ocurrirá lo mismo con la compra centralizada de los mismos, de la que se ha descolgado Cataluña.
Una medida que, en principio ha sido bien recibida por las CCAA, según comenta el diario El Mundo en un editorial en el que destaca también su sorpresa ante la postura del jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba que, olvidándose de la mala gestión del Gobierno en el que participaba de manera muy activa, ha criticado el posible establecimiento del copago porque supone una forma encubierta de bajar las pensiones, una falta de realismo que obliga a tomar duras medidas dada la actual situación de la economía debido a la herencia que, entre otros, él dejó.
Uno de los mayores reproches, justificado reproche, que se le achaca a la clase política, cualquiera que sea su signo, es que no haya sido la primera en empezar a dar ejemplo de austeridad, eliminando, en bien de todos, algo de lo mucho que le sobra. Como las innecesarias embajadas comerciales en el exterior – más de un centenar-, duplicidad de defensores del pueblo o canales autonómicos de televisión –algunos de ellos verdadera sangría para los presupuestos-, por citar solo unos puntos de referencia, a los que se unen las inoportunas subvenciones sindicales quienes, para contribuir a su modo al restablecimiento de la paz social y coadyuvar a que se serenen las aguas de la convivencia, no solo están proponiendo referendums absurdos e inoportunos o preparan duras y múltiples manifestaciones que al final suelen terminar casi siempre en fuertes algaradas callejeras.
