Tras la reunión celebrada hace unos días entre la Mesa Sectorial de la Sanidad y los representantes de los organismos sindicales andaluces para examinar el Plan Económico de la Junta de Andalucía y su impacto en el sector sanitario, entre el que se encuentra el incremento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, como norma de obligado cumplimento por exigencia del Gobierno Central a todos las Comunidades, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha hecho público un comunicado en el que ha realzado diversas puntualizaciones.
La citada reunión fue presidida por la Consejera Dª Mª Jesús Montero. Se ha desarrollado en un clima de auténtico ambiente de cordialidad entre todos los componentes de la misma. Ante el rechazo frontal de los representantes sindicales a las reducciones de los salarios de los trabajadores públicos para salvar el déficit público que, de momento, no tiene más salida que la citada reducción o el despido de 10.000 trabajadores, como titular de la Consejería de Salud les ha invitado a plantear propuestas alternativas a las que recoge dicho Plan, siempre que se respete la premisa fundamental de mantener los puestos de trabajo y se consiga el mismo ahorro que el mismo conlleva.
Tras el oportuno análisis se ha optado por hacer un esfuerzo solidario para que los forzados ahorros que, por imperativo legal, tienen que realizarse para alcanzar el objetivo de disminución del déficit hasta llegar al porcentaje propuesto por el Ejecutivo Central, se ha llegado al acuerdo de que el recorte de los salarios se realice de forma progresiva. El fondo de estas medidas solidarias consistiría en que los ajustes se centraran más en los salarios más altos para que, de esta forma, la esperada reducción tenga un menor impacto en los de aquellos trabajadores que estén percibiendo un sueldo menor.
Es de destacar que en este encuentro se ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz para mantener el empleo público, poniéndose de relieve la diferencia de criterio que se mantiene con otras comunidades que, para conseguirlo, como es el caso de Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña, quienes para poder alcanzar las cifras fijadas por el Ministro Montoso, han recurrido a otras vías alternativas que centran el peso de los recortes en la supresión de servicios que producirían un fuerte impacto negativo en la actividad sanitaria, como las privatizaciones o el cierre de plantas en hospitales y la reducción de programas diagnósticos.
Además del durísimo impacto social que produciría la supresión de esos 10.000 puestos de trabajo –circunstancia que quiere evitarse a toda costa si dicho Plan se llevara a cabo-, equivaldría, se cita solo como un simple ejemplo, al cierre de varios hospitales como el “Virgen del Rocío”, el Regional de Málaga, la mitad de los cent
ros de AP de Andalucía, la supresión de 60.000 operaciones quirúrgicas o más de quinientas mil consultas de especialistas.
Una situación que llevaría directamente a la privatización, tal y como ya está sucediendo en otras comunidades. Un hecho que el Gobierno andaluz quiere evitar a toda costa.
