Según ha revelado la ministra de Sanidad Ana Mato en el Congreso, de los 35.000 millones de euros que el Gobierno va a destinar a cubrir los pagos pendientes a proveedores de comunidades autónomas y ayuntamientos, el ámbito sanitario acumula 12.110 millones en facturas sin pagar.
Para Ana Mato el objetivo es alejar la sanidad pública de la quiebra a la que estaba destinada con las políticas anteriores porque las cuentas ponían en riesgo los servicios básicos que los ciudadanos demandan.
Entre acusaciones al partido socialista por la herencia recibida, la propia ministra ha confirmado que los ciudadanos siguen manteniendo las prestaciones sanitarias como un servicio esencial. Desde el bando socialista se ha definido la política sanitaria del Gobierno como “la mayor expropiación sanitaria de los últimos 30 años” y se critica al Ministerio por haber destruido un Sistema Nacional de Salud que era la “joya de la corona”.
Las críticas más duras están orientadas a comparar el dinero que se va a invertir para salvar la banca frente a la necesidad del sistema sanitario.
