El Ministerio de Sanidad, sin el apoyo de las Comunidades Autónomas que administra el partido socialista acaba de cerrar la primera lista de medicamentos que dejarán de tener subvención con cargo a las arcas públicas. No se descarta que dicha relación tenga, próximamente, nuevos nombres. Una relación que, según los primeros cálculos, se estima que aporte un ahorro de 2.200 millones de euros.
La primera medida fue la institucionalización, a partir del próximo mes de julio del copago farmacéutico. Su principal característica es que, a partir de dicha fecha, los pensionistas -hasta un tope anual que determinará la cuantía de sus ingresos- abonarán solo el 10% del precio del medicamento que se les recete.
La salida de la financiación por parte de Sanidad de esos 425 fármacos, está levantando bastante polémica entre los propios usuarios y la oposición política. Sus objeciones no dejan de tener cierto sentido por los riesgos colaterales que, como consecuencia de ello, puedan surgir. En el País Vasco y la Comunidad Andaluza se tiene la impresión de que esos específicos que salgan de la financiación del Estado una vez realizada la lista definitiva, al ser de expedición libre, lo más probable es que su importe experimente una subida poco o nada controlada, pudiendo llevar, además a que, para no perjudicar al paciente, los médicos deriven sus prescripciones hacia otros medicamentos más caros que sí están subvencionados.
Ante esas alegaciones el Ministerio ha querido salir al paso para contrarrestarlas en la medida que sea posible, indicando que ya se ha alertado a las compañías farmacéuticas para que eso no ocurra. En cuanto al posible desvío de la prescripción a otros de mayor precio, cree que tampoco es fácil, dado que lo que se han eliminado han sido grupos terapéuticos completos. Ana Mato cree también que el hecho de que dejen de fabricarse cierto tipo de fármacos, potenciará la salida de otros nuevos, posiblemente más eficaces y con mejor precio.
