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El Defensor del Pueblo no recurrirá el decreto de medidas urgentes

Lola Granada
La Oficina del Defensor del Pueblo no recurrirá el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud como le habían solicitado desde varias organizaciones sanitarias.

La Oficina que dirige Soledad Becerril, desde este mismo mes de Julio, ha decidido finalmente no recurrir porque no encuentra fundamentos jurídicos suficientes, aunque sí ha manifestado que su preocupación por algunos aspectos del decreto y ha pedido algunas medidas complementarias que aseguren la protección de la salud a los colectivos que son más vulnerables.

Para hacer unas recomendaciones se acoge a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que fija unas obligaciones básicas para garantizar la protección de la salud, entre las que se encuentra la atención primaria de salud esencial, la salud pública y la prevención y acceso a la medicación básica.

La resolución firmada el 20 de julio por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava, reconoce que el Gobierno tiene «legitimidad para fijar contenido, límites y alcance de la asistencia sanitaria», si bien considera que «cabe plantearse si son adecuados los criterios utilizados por el legislador de urgencia para imponer a los extranjeros en situación administrativa irregular las limitaciones que recoge el real decreto».

Entre estas medidas recomendadas destacan algunas muy significativas

  • Asumir el coste total del transporte sanitario no urgente en aquellos supuestos de pacientes sometidos a tratamientos periódicos y de larga duración (quimioterapia, radioterapia, diálisis y rehabilitación, entre otros)
  • Dictar instrucciones que habiliten la adecuada atención de personas con padecimientos graves
  • Revisar el nuevo sistema de fijación de precios para medicamentos financiados
  • Elaborar una nueva regulación en materia de prescripción de fármacos para indicaciones diferentes a las autorizadas