Isabel González
Un artículo publicado en “The Lancet” (revista médica británica) trae de nuevo a las páginas el tema sobre las desigualdades sociales dentro del mundo sanitario, tema de especial interés en el marco de la crisis global que estamos padeciendo en el que se hace imprescindible revisar esta problemática y las posibles soluciones que se podrían tomar.
En este artículo se describe el Informe Mundial de Determinantes de la Salud (CDSS) y las Desigualdades sociales que se presentó el miércoles en Buenos Aires y que llevó tres años de trabajo. Contó con la presencia del profesor de la Universidad de Londres, Michael Marmot que además de dirigir este estudio de la OMS, es director del Instituto Internacional para la Salud y la Sociedad (UCL), vicepresidente de la Academia Europea y ha sido merecedor de varios premios por sus investigaciones sobre epidemiología y determinantes sociales de la salud.
Los especialistas brindaron detalles reveladores del informe presentado en Buenos Aires, donde se da a conocer que en Suecia, por ejemplo, el riesgo de que una mujer muera durante el embarazo o el parto es de 1 por cada 17.400, mientras que en Afganistán es de 1 por cada 8, y la biología no explica esas cifras. “Esas desigualdades y esa inequidad sanitaria, que podría evitarse, son el resultado de la situación que la población crece, vive, trabaja y envejece, y del tipo de sistemas que se utilizan para combatir las enfermedades”, sostuvo Michel Marmot esta tarde.
Este informe fue encargado por la Oficina Regional Europea de la OMS con el objetivo de determina pruebas de esta desigualdad y proporcionar un marco político, administrativo y científico para que los miembros de la Región Europea de la OMS las lleven a cabo.
Se deben examinar por qué en estos años de creciente riqueza y de avances tecnológicos, se han mal aprovechado su distribución estos recursos sanitarios así como por que han ido creciendo progresivamente estas desigualdades especialmente en los países de ingresos bajos.
La Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad incluían en el 2008 el compromiso de corregir o superar desigualdades sanitarias en salud y de garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos, pero no hacían referencias a los condicionamientos sociales que podrían acontecer dentro de este ámbito.
Recientemente, se ha aprobado la Ley General de Salud Pública que matiza en su artículo. 3 el principio de igualdad, «las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto».
Según el autor principal de este artículo, Michael Marmot, del Instituto de Equidad Sanitaria de Londres, “la adopción de medidas para reducir las desigualdades en los determinantes sociales de la salud mejoraría las perspectivas de salud y aportaría mayores beneficios sociales y políticos que permitan a las personas alcanzar sus capacidades. La desigualdad sanitaria tiene que ser uno de los principales criterios para evaluar la eficacia de los sistemas sanitarios de los países, y la efectividad del gobierno en su conjunto”.
Esta problemática está siendo estudiada desde distintos organismo en toda Europa por especialistas pero también desde el ámbito político como por ejemplo la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad a la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud.
La consecuencias que tienen estas desigualdades son las que provocan que cientos de personas con recursos limitados o nulos, vivan situaciones extremas, desatendidos y desamparados por las nuevas leyes que no tienen en cuenta la propia vida, derecho fundamental en todo ser humano. Claro queda que el desempleo, los recortes económicos y sociales o el déficit de los países hace que se tomen medidas poco acertadas. Pero habrá que plantearse hasta qué punto los países dentro de la Comunidad Europea tienen que replantearse este tipo de medidas y recuperar las políticas de protección social que permiten a los países tener un desarrollo constructivo. Desde las Organizaciones se tendrá que exigir que aún teniendo esta situación de crisis tan grave, eso no estimule el crecimiento de esta desigualdad en el ámbito sanitario.
Las desigualdades sanitarias es uno de los grandes problemas dentro de la Sanidad Pública y España no se queda corta. Según la Comunidad en la que se viva se pueden reconocer importantes diferencias de financiación y recursos que pueden llegar a alcanzar el 30% de diferencia entre la mayor y la menor en inversión sanitaria.
Las soluciones tienen que darse con urgencia para que esta situación dentro del marco europeo no continúe en aumento.
