Lola Granada
Las declaraciones realizadas por el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con motivo de los presupuesto de 2013 han dejado a la sanidad pública en llamas. Ninguna organización, asociación o sociedad ha querido quedarse al margen y esperar nuevos acontecimientos que permitan entender mejor el desarrollo de las medidas anticipadas. Sindicatos, Colegio de Médicos de Madrid, otros colectivos colegiales de diverso cariz y los pacientes se han animado a salir a la calle o al camino de las declaraciones en cualquier tipo de medios, para armar ruido y conseguir buenos titulares de prensa y, no menos sustanciosos espacios en los medios audiovisuales.
Por sus características, la medida de mayor calado es el paso de gestión pública a gestión privada de seis de los ocho centros hospitalarios inaugurados hace solo unos años por la antigua Presidenta Esperanza Aguirre, además de un buen número de los cerca de 266 ambulatorios que funcionan actualmente en la Comunidad. La reforma afecta directísimamente también a los servicios auxiliares, no sanitarios, como los de comedor, limpieza y lavandería, que actualmente ocupan a cerca de 600 trabajadores interinos. Hay que seguir con el conocido proyecto Valdemoro que, inicialmente, supondrá el inevitablemente hecho de que cerca de 6.000 profesionales sanitarios, entre médicos y enfermeras, se vean seriamente afectados por la s medidas anunciadas.
Para los implicados todo se ha hecho tarde, mal y con demasiadas prisas. Flotan en el ambiente las cuestiones sobre los motivos de estas determinaciones “sin marcha atrás”. Algunos cargos sanitarios se han enterado de todo un par de horas antes de su comunicación oficial y otros, ni eso, solo por las informaciones aparecidas en los medios. Lo que el gobierno autonómico ha hecho ha sido aducir exclusivamente medidas económicas.
Esta catarata de reformas no son entendidas ni aprobadas por los propios profesionales ni por los pacientes, que son los que sufren en primera persona las consecuencias más directas de estas modificaciones.
¿A quién hay que atribuirle este macro-plan de reformas?
Según parece se ha hecho tan rápidamente que no ha dado tiempo a que se haya podido producir las adecuadas consultas que, dada la envergadura del tema y sus graves consecuencias, se debieron realizar.
El autor del guión del plan de privatizaciones presentadas por el Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, parece ser el Dr. Antonio Burgueño, antiguo director médico de Adeslas durante 11 años, artífice a su vez del controvertido “Plan Valdemoro”, cuyo antecedente inmediato fue la privatización del Hospital de la Ribera de Alcira en Valencia, al que siguieron poco después las de los hospitales de Móstoles, Torrejón y Valdemoro en Madrid. La idea general de todas estas reformas es que la gestión privada se mueve por unos cauces de efectividad mucho más estrictos que los de la gestión pública. Nadie discute esta realidad, pero hay que tener en cuenta el hecho de que para hacer una valoración objetiva de este importante aspecto hay que añadir otras consideraciones como el de la “humanidad”, tan imprescindible como necesaria para atender a los pacientes. Una empresa privada tiene que mirar prioritariamente sus propios beneficios económicos.
Relacionado con estas consideraciones el Dr. Ribera Casado, catedrático emérito de geriatría de la UCM, ha expresado públicamente que “los hospitales monográficos de todo tipo están prácticamente desterrados en el mundo, por razones funcionales y hasta éticas. En el caso de los geriátricos la experiencia se abandonó hace décadas. Los argumentos contra el hospital monográfico centrado en la edad son muchos. En un país democrático representan una discriminación negativa con respecto al resto de la población. O se asume que se va a limitar el nivel de atención a estos pacientes, lo que no es de recibo, o no existe ninguna razón para no incluir a los viejos que requieran ser hospitalizados por una patología aguda médica o quirúrgica, junto al resto de los ciudadanos. Si se pretende lo primero ¿de qué servicios se quiere prescindir para reducir costos?, ¿se va a privar a los ancianos con procesos agudos reversibles de la alta tecnología o de prestaciones como las UVI o las unidades coronarias?, ¿se les va a enviar a otros centros si requieren procedimientos complejos?, ¿se les va a limitar el personal médico o auxiliar?, ¿se pretende vaciar de geriatras otros hospitales? Es paradójico que en el año de la solidaridad intergeneracional se pretenda constituir una especie de ghetto en materia de salud para los ancianos. ¿Alguien ha pensado lo que esto representa? Esperemos que acabe reinando la cordura y que el diálogo y el sentido común se impongan a unas decisiones que, en último término, eligen como vía para resolver un problema, crear otros mucho mayores”.
