Isabel González
El copago en las ambulancias de transporte sanitario no urgente ha llegado. Se establece el pago de los servicios de transporte ambulatorios según la renta y duración de la patología. Es un borrador realizado por el Ministerio y Comunidades que se debatirá en el Consejo Interterritorial el 20 de diciembre.
Los pacientes crónicos (tratamientos periódicos superiores a seis meses, como la diálisis) tendrán que abonar un máximo de 20 euros al semestre. Para traslados no urgentes costará cinco euros por trayecto, no siendo así en las urgentes que continuaran siendo gratis.
Según la renta, a pacientes con inferiores a 18.000 euros será un tope máximo de 10 euros al mes, si a su vez tienen tratamientos considerados de larga duración, la aportación será cada seis meses. Para las rentas de entre 18.000 a 100.000, el tope será de 20 euros mensuales y para los crónicos cada semestre y para rentas superiores será de 60 euros.
Estarán exentos los menores de edad, los afectados por el síndrome tóxico, los discapacitados y las rentas de integración o parados sin prestación (y personas que requieran tratamiento derivado de un accidente laboral, en cuyo caso lo cubrirán las mutuas correspondientes). Además, tampoco pagarán quienes necesiten tratamiento debido a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, dado que su financiación correrá a cargo de la mutua, aseguradora o entidad correspondiente.
Desde Sanidad han argumentado que pretenden con ello no perjudicar a los pacientes que residen en áreas rurales o muy alejadas y que su objetivo es «unificar la aportación de los usuarios en toda España, con independencia de la CCAA donde residan». No se especifica cómo se abonaran esas cantidades.
Uno de los grupos más afectados , los que conforman los tratados con diálisis, argumentan que se deberían tomar medidas de recortes en otras direcciones, lo que ya han propuesto aunque sin ser escuchados. «Si todos los hospitales tuviesen programas educativos para fomentar las técnicas de diálisis domiciliarias o el trasplante renal de donante vivo, antes de tener que entrar en hemodiálisis, se ahorrarían 90 millones de euros», asegura Juan Carlos Julián, gerente de Alcer, la Federación de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. «Por eso también le propusimos al ministerio incentivos para que el paciente pudiese hacer la ida por su cuenta, o acompañado por un familiar, como plazas de aparcamiento gratis en los hospitales. Ese tipo de medidas sería infinitamente más barata», asegura Julián.
Otra, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), ha pedido que se proteja a todos los pacientes con tratamientos de radioterapia y quimioterapia «por el riesgo vital que supondría dejar el tratamiento por no poder asumir el coste del transporte al centro sanitario. Que ninguna persona enferma de cáncer se plantee dejar el tratamiento oncológico por este motivo puesto que de ello depende su vida» y añaden que, «estan preocupados porque la actual coyuntura económica, y la puesta en marcha de medidas para afrontarla, afecten a los servicios que las personas enfermas de cáncer y sus familias han venido recibiendo desde la Sanidad Pública, Universal y Gratuita». Otros afectados serían los que tienen prótesis y no son capaces de trasladarse aunque no sea de forma urgente.
