Alfonso González
La documentación solicitada por Guillermo Sierra, compromisario del Colegio de Médicos de Madrid, es un camino sin retorno para el equipo directivo y, especialmente, para la tesorera Ana Fernández Vidal. La justicia y la OMC tendrán que actuar si no entrega la documentación, pero si la entrega se pueden descubrir algunos de los secretos guardados que la inhabilitarían profesionalmente y quizá la puedan condenar penalmente.
La realidad de la tesorera es muy dura. Se ha fiado ciegamente de Antonio Mora y Sonia López y va a quedar marcada para siempre por este grave error. según los estatutos ella como tesorera tiene muchas obligaciones como:
- Controlar, de una manera regular y periódica, los fondos líquidos del Colegio en Bancos, asegurándose de que se hace una gestión prudente y eficaz de los mismos.
- Disponer lo necesario para que la contabilidad del Colegio se lleve con arreglo al procedimiento o a las normas legales y estatutarias vigentes.
- Firmar, conjuntamente con el Presidente, todos y cada uno de los gastos e inversiones que, aprobados en el presupuesto, se ejecuten en el Colegio, así como las cuentas corrientes bancarias e imposiciones que se hagan, librando al efecto los cheques y demás instrumentos de pago para retirar cantidades.
Si se entrega la documentación que pide Sierra se podrían descubrir cosas tan fuertes como que Antonio Mora ha sacado importantes sumas de dinero del banco dinero sin su autorización, que se han «arreglado» pagos no conformes a los presupuestos o las actas de los órganos del ICOMEM o que no se ha entregado toda la documentación, o se ha manipulado, a los auditores. Todo son especulaciones que hay entre los médicos. También se puede dar que se encuentre que Antonio Mora maneja una cuenta para pagos «opacos», es decir, pagos que no están sustentados por aprobaciones de la junta directiva o de las cuentas aprobadas por los compromisarios, incluso se podrían conocer los sobresueldos de la presidenta (se rumorea que hay un acuerdo para que cobre 5000 euros mensuales).
Hay demasiadas dudas legales como para permitir que no se conozca la documentación, no vale con el informe de auditoría que cuadra las cuentas, hace falta también que salgan a la luz todas las actividades que ha realizado Antonio Mora en nombre de la junta directiva. Un Antonio Mora del que Ana Sánchez Atrio dijo a todos los trabajadores del Colegio que era una «persona non grata en el Colegio», ¿qué habrá cambiado para que ahora sea su propio asesor?, ¿ha dejado de ser «persona non grata»?
En el caso de que no se entregue la documentación y se niegue a los miembros de la junta, que no la conocen, o a los compromisarios, a los que tienen obligación de dar a conocer, sería una prueba más del oscurantismo de la junta directiva y que utiliza el Colegio como si fuera algo propio, y por lo tanto en contra de la ley y daría pie a que la OMC y la justicia intervengan urgentemente.
No parece haber salida para la tesorera, que está cogida por los dos lados. Solo el milagro de presentar la documentación pedida y que todo sea de acuerdo a presupuestos y estatutos, podría ser una salvación, pero el tiempo juega en su contra.
