Lola Granada
La revista científica British Medical Journal (BMJ) ha publicado un artículo advirtiendo que las medidas de austeridad tomadas en España podrían suponer un perjuicio para la salud de los españoles porque hay reformas que están desconectadas y que pueden suponer un desmantelamiento efectivo de amplias partes del sistema sanitario con su consiguiente efecto directo en la salud. El estudio ha sido dirigido por Helena Legido-Quigley, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
El informe tiene un sugestivo título como «Beginning of the end for Spain’s national health system» (principio del fin del sistema nacional de salud español) y tiene como base que el presupuesto para sanidad ha bajado en un 13,65% en 2012, y han coincidido un incremento de la demanda de los pacientes hacia el sistema público.
El informe viene a decir que los recortes están inspiradas en las estrategias de destrucción del estado de bienestar del modelo social americano social, en el cual la pobreza es una consecuencia del paro. También se hacen algunas otras importantes puntualizaciones que marcan el cambio, como que en la Ley General de Sanidad de 1986 se definen las prestaciones públicas y sus estructuras como un Sistema Nacional de Salud, con una organización de sus servicios establecida por las distintas comunidades autónomas y ahora se ha pasado por un decreto Ley (procedimiento legislativo para casos de urgencia) a modificar considerablemente el derecho a recibir la asistencia médica en España, y de hecho pasan a llamar a las persona como «asegurado».
El gobierno español justifica la reforma como una necesidad para mejorar resultados de salud y reducir el coste del servicio médico, pero que otro llaman a esto privatizar el activo público contra los deseos del electorado.
En el análisis de Legido-Quigley también se destaca que la nueva modalidad de los servicios básicos han sido establecidos bajo el concepto de seguro, que facilita la futura atención médica con dos proveedores diferentes, el público y el privado. En última instancia la ley aporta un cambio básico de un impuesto que financia el servicio médico a otro basado de seguros.
