Alfonso González
Si se entiende por secuestro el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una entidad o persona, se podría decir que el Colegio de Madrid está secuestrado por una presidenta que no quiere dar información de lo que sucede dentro para el control propio de la institución que toma como si fuera suya.
Desde que llegó al Colegio la presidenta López Arribas y el “asesor”, antes director general, Antonio Mora las dificultades para ejercer el control de la actividad colegial por parte de los miembros de la junta y por parte de los compromisarios, tal como dicen los estatutos, ha ido creciendo cada vez más en dificultad de acceso.
No es fácil explicar los motivos, pero el caso es que a estos dos «personajes» no les gusta que se sepan lo que ocurre dentro del Colegio, son más partidarios de «arreglar las cosas internamente», y prueba de ello es que han amenazado con perseguir judicialmente, de manera oficial desde su página web, a los medios de comunicación que fueran críticos con su gestión porque no quieren testigos, no les gusta la libertad de expresión, de nadie.
El último episodio, quizá ya no sea el último, ha sido denegar información económica y de personal a un compromisario, Guillermo Sierra, sobre la actuación de la Junta Directiva y de su “asesor” Antonio Mora. Las trabas para el control y la transparencia no son la mejor de las presentaciones para quien tiene su puesto en el alero, como le sucede a la dupla Mora-López Arribas, a los que ya no les quedan más apoyos.
La negativa de entregar información a Guillemo Sierra la basa la Asesoría Jurídica del Colegio (sin saber por orden de quien) en la Ley de Protección de Datos, como si un compromisario no fuera parte del Colegio tanto como cada uno de los miembros de la propia Junta Directiva.
Lo que le hace falta a la Directiva es que alguien no controlado por Mora-López Arribas haga una verdadera “inmersión” en las cuentas, en las facturas y en las salidas de dinero y así despejar todas las dudas que hay en la colegiación para revisar si hay gastos “inadecuados”, movimientos y pagos “no aprobados por la Junta”, regalos, comidas y cenas sin justificar, excesivos usos de las tarjetas corporativas… Aunque el único problema no es el económico, sino que por culpa de los problemas económicos el Colegio no está centrado en su tarea. Mientras los miembros de la Junta se centren en el tema económico no hay tiempo ni recursos para convertir el Colegio en una referencia para los médicos, el problema económico está produciendo una ceguera temporal. Sin estos problemas de cuentas, de contratos y de nombramientos el Colegio podría volver a funcionar. Los médicos esperan todavía que emerja un líder dentro de la junta directiva que devuelva las cosas a su estado original.
Si los miembros de la junta han dado un giro de transparencia y han votado que quieren un interventor económico y la presidenta ha votado que no lo quiere, será que no tienen nada que esconder. ¿Vincularían todos los miembros de la Junta su futuro profesional a la honestidad de Mora-López Arribas? Con el informe del interventor se busca la transparencia y sinceridad que no parece haberse encontrado hasta ahora.
Si ven los miembros de la Junta este informe, también lo deberían ver los compromisarios y, en un acto de transparencia, podrían verlos todos los colegiados. Así se libera el Colegio de dudas y se permite el control y el funcionamiento. El futuro debe cambiar de manos, ya no pasa por la dupla Mora-López Arribas, está en manos del resto de la Junta Directiva.
