Lola Granada
La ley de reforma sanitaria impulsada por el presidente de Estados Unidos Barack Obama sigue encontrando grandes dificultades en la Cámara de Representantes que ha rechazó por 38º vez dos de las disposiciones básicas de una Ley que se firmó en 2010. Las propuestas republicanas no podrán salir adelante porque la el Senado mantiene una mayoría demócrata que es contraria a dicha ley.
A pesar de que Obama firmó la ley en 2010 con un rostro especialmente satisfecho diciendo que “tras casi un siglo de pruebas, hoy tras más de un año de debate, hoy después de que se han contado todos los votos, la reforma del sistema sanitario se convierte en ley en Estados Unidos”. Él mismo dedicó la firma, entre otras personas, a su madre, fallecida de cáncer y que «hasta los últimos días de su vida tuvo que pasarlos peleando con las aseguradoras» dijo.
Sin embargo la realidad es que no se consiguen aprobar los pilares fundamentales de la ley como son la obligatoriedad de la cobertura médica para empleados e individuos.
La reforma sanitaria de Obama busca arreglar el problema de los americanos que están sin asegurar y frenar los costes sanitarios que crecen sin parar. El 60% (aproximadamente) de los americanos recibe cobertura médica como parte de sus condiciones laborales y el 21% no tiene suficientes ingresos y son mantenidos en un sistema sanitario gracias a programas públicos (que no es un sistema público sanitario), lo que hace que haya más de 50 millones de americanos sin seguro sanitario (cifras parecidas a toda la población española). La reforma implica la obligatoriedad de comprarse un seguro o sufrir una única multa severa. El motivo de la disputa política es una cuestión de libertad porque los demócratas piensan que no se puede obligar a los ciudadanos y para ellos no tener seguro es una opción que todos deben tener.
Eric Cantor, líder de la mayoría republicana afirmaba que «yo creo que se han quedado sin excusas, se han quedado sin ideas, y ahora están empezando a dar marcha atrás». La división de la sociedad americana con respecto a esta ley está en la calle y existe un claro escepticismo sobre sus beneficios porque el coste aproximado de la ley se calcula que puede ascender en los próximos 10 años a 938.000 millones de dólares.
