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En 2021 se llevaron a cabo cerca de 1.000 trasplantes de órganos gracias al trabajo de los jueces. Además, la cifra de negativas judiciales a la donación se sitúa bajo mínimos: solo un 2,3%. Así se anunció durante las XXIV Jornadas de encuentro entre profesionales de la administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora que se celebran estos días en Santander y que organiza la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, de los 1.905 donantes fallecidos que se registraron en 2021, 338 (17,7%) requirieron autorización judicial, una cifra similar a la registrada el año anterior. Además, el porcentaje de donantes que necesitan autorización judicial se mantiene por debajo del 20% desde 2016. En ese año se experimentó un descenso progresivo como consecuencia probable de los cambios observados en la causa de fallecimiento de los donantes. Según el tipo de donante, la participación de los jueces fue necesaria en el 19,5% de los donantes en muerte encefálica. Mientras que también se necesitó en el 50% de los donantes en asistolia no controlada y en el 13,9% de los donantes en asistolia controlada.
Según el tipo de donante, la participación de los jueces fue necesaria en el 19,5% de los donantes en muerte encefálica
En cuanto a las características de los 338 donantes que requirieron autorización judicial, el 72% eran varones y su media de edad fue de 51 años. Esta cifra es inferior a la del global de donantes de órganos (60 años), probablemente por sus diferentes causas de fallecimiento. De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de fallecimiento en el 43% de los donantes judiciales. Asimismo, el traumatismo por accidente de tráfico fue el principal motivo de muerte en el 25%, cifras prácticamente idénticas a las de años anteriores.
Investigación penal
Por otra parte, de los donantes que requirieron autorización judicial se trasplantaron 986 órganos en 2021. Además, el año pasado se registraron ocho negativas a la donación por parte de los jueces, lo que representa un 2,3%. En estos casos, los jueces consideran que la donación podría interferir con la investigación judicial. Durante la jornada también se destacó el papel fundamental de estos profesionales durante el proceso de donación. De hecho, lo consideran imprescindible en aquellos supuestos en los que las causas del fallecimiento originen una investigación penal.
El papel de los jueces es imprescindible en aquellos supuestos en los que las causas del fallecimiento originen una investigación penal, como posibles homicidios o accidentes
En este sentido, los motivos más habituales suelen ser accidentes, posibles homicidios o fallecimientos no certificados en los que haya que realizarse una autopsia judicial para determinar su origen. Así, su participación comienza después de que el coordinador de trasplantes presente una solicitud de autorización.
Después, el médico forense, que está adscrito a los órganos judiciales como perito, debe especificar si la extracción de órganos puede interferir en el proceso de investigación de las causas de la muerte. Tras esto, elabora un informe que permita al juez decidir si la donación puede o no entorpecer la investigación. Por eso es imprescindible que los profesionales que participan en estos casos conozcan bien cómo se realiza un proceso de donación.
Con respecto a las donaciones de órganos en vida, el año pasado se realizaron 324 en España. En estas intervenciones también se necesita la participación de los profesionales de justicia. En concreto, interviene el juez de primera instancia para comprobar que el consentimiento que otorga el donante para la extracción de uno de sus órganos es voluntario y libre. Por último, el magistrado concede el documento de cesión del órgano tras la comparecencia en sede judicial del donante; así como de todos los médicos que intervienen en el proceso. Todo ello para garantizar y asegurar el procedimiento.
