Anuario iSanidad 2022
Carlos Rus, Presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). Presidente de la Comisión de Sanidad de CEOE
Si algún anuncio ha surgido este año que tiene el potencial de debilitar aún más el Sistema Nacional de Salud ese es, sin duda, el del anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión lanzado por el Ministerio de Sanidad en septiembre. Lejos de “mejorar y ampliar los derechos de los ciudadanos” como dicen, lo que hace es poner aún más trabas a la eficiencia del sistema y a la calidad de los servicios asistenciales. Porque, cuando eliminas vías de colaboración, lo que haces es cerrarte puertas, o lo que es peor, cerrárselas a quienes más lo necesitan.
Vivimos tiempos complejos, marcados por la incertidumbre, el déficit, la deuda pública, un sistema sanitario desbordado y unos profesionales agotados y enfadados. Cuando las necesidades son tan evidentes, lo inteligente es tomar la mano de quien te ofrece apoyo y colaboración. Y máxime cuando los beneficios de esta colaboración están avalados con datos y hechos. Ahí tenemos el ejemplo de Alzira, donde el fin de la concesión del Hospital de La Ribera generó un sobrecoste anual de 76 millones de euros, según los datos oficiales publicados por la propia Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, y en los siguientes dos años se triplicaron las listas de espera.
La capacidad y accesibilidad a infraestructura hospitalaria que aporta el sector sanitario privado es imprescindible
Los datos publicados en nuestro I Informe ASPE indican que los costes de los procedimientos quirúrgicos, de diagnóstico y especiales en los conciertos entre los servicios regionales de salud y los centros privados son de media un 46%, un 56% y un 50% inferiores, respectivamente, al precio público. Por citar ejemplos de los 18 procedimientos más habituales analizados en nuestro Informe, una amigdalectomía es un 62% inferior, una artroscopia un 49%, una catarata un 46%, un PET un 92%, una ecografía un 48%, una laparoscopia gástrica un 69% y una sustitución valvular aórtica un 57%.
Por otro lado, en un país con tres camas hospitalarias públicas por cada mil habitantes (frente a la media europea de 4,5, según Satse), la Ley de Equidad trata de anular la colaboración de un sector que dota de 432 hospitales (el 56% del total en España), 49.861 camas (31%) y 1.626 quirófanos (el 36% del total disponibles en España).
La Ley de Equidad trata de anular la colaboración de un sector que dota de 432 hospitales, 49.861 camas y 1.626 quirófanos
Todas estas cifras demuestran que la capacidad y accesibilidad a infraestructura hospitalaria que aporta el sector sanitario privado es imprescindible y que obviar los datos es una decisión que no obedece a la razón, sino a cuestiones ideológicas anacrónicas que, además, quedan muy fuera de las prácticas extendidas en los países europeos, que entienden la colaboración público-privada como un recurso eficaz y eficiente.
Confiamos, en todo caso, que las posiciones políticas más radicalizadas, centradas en crear irresponsablemente una falsa confrontación entre la sanidad pública y la privada, se vean finalmente superadas por un análisis objetivo de lo que es realmente mejor para el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, para los ciudadanos. Porque la concertación no es privatización de la sanidad pública, como muchos quieren hacer creer: concertación es colaboración, apoyo, servicio y salud. Sí, salud, porque trabajar sumando fuerzas y recursos en la misma dirección es hacerlo en pro de la salud de los ciudadanos. Y nada debería estar por encima de eso.
