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El 1 de enero entra en vigor el nuevo convenio de asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios públicos

La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSI-F) ha denunciado que las mutuas de funcionarios dependientes del Gobierno han roto de forma unilateral el actual convenio económico por el que se regían las aseguradoras para la prestación de los oportunos servicios sanitarios a los funcionarios públicos del Estado, jubilados y familiares que actualmente tienen las mutuas. Se calcula que la cifra está situada en torno al millón y medio de beneficiarios. Según el CSI-F las condiciones del convenio preveían prorrogar automáticamente su validez durante el próximo 2014 y obligaban a Muface a subir en un 1,5% la prima para compensar el incremento de la inflación, según había prometido el secretario de Hacienda, Antonio Beteta, en la carta que en su día dirigió al citado sindicato.

El fin de este convenio afecta también a Mugeju, la mutualidad de los empleados de justicia e Isfas, de los empleados de las fuerzas armadas y la Guardia Civil

A pesar de esta información, según fuentes de la propia Mutua, el nuevo convenio actuará con la misma diligencia que el actual, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre.

Como era de esperar, la noticia de esta ruptura ha sorprendido y puesto en pie de guerra a este amplio colectivo de beneficiarios que considera que el hecho de que se congele la prima o contraprestación del seguro supondrá un nuevo hándicap sobre el modelo Muface, afectado ya de por sí por la ausencia de nuevos funcionarios debido a la congelación de la oferta de empleo público y el envejecimiento de la población atendida. El Sindicato ha dado a conocer que por su parte estará muy pendiente para que este hecho no repercuta en la calidad de la asistencia que se preste, no olvidando que el Gobierno, en el presente ejercicio ya recortó en un 22% las prestaciones a los funcionarios en programas como ayudas a la dependencia, podología y termalismo para las personas mayores.

Las mutualidades de funcionarios dependientes del Gobierno se encuentran en estos momentos en plena discusión del nuevo convenio de asistencia sanitaria con las compañías aseguradoras, tras la ruptura unilateral por parte de la Administración del concierto. La preocupación del sector es patente, ya que según el nuevo convenio se congela el presupuesto y las primas, además de aplicar los mismos recortes y copagos que que ya se han introducido en el SNS. Se calcula que el contenido del nuevo convenio será publicado en el BOE a finales de noviembre, para que pueda entrar en vigor en la fecha prevista del 1 de enero.

Tras la preocupación inicial las alarmas sonaron cuando comenzaron las negociaciones entre la Dirección General de Muface y las principales compañías aseguradoras. La única persona optimista ante los términos del nuevo convenio de asistencia sanitaria era el director general de Muface, Gustavo E. Blanco.

Reticencias y desacuerdos
Según Eliseo Moreno, el borrador que está circulando por las aseguradoras y que ha provocado que algún dirigente de una compañía haya puesto en duda si continuará prestando sus servicios a los funcionarios no es el documento definitivo, pero si asegura que se le acerca bastante.

De cualquier manera, el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha emitido recientemente una nota de prensa en la que deja claros algunos de los términos que analiza Eliseo Mor3eno. Aún cuando dicha nota defiende que el nuevo concierto mantiene las mismas prestaciones sanitarias que el actualmente en vigor y que, incluso, en muchos aspectos mejora las prestaciones y las homogeniza. La mayoría de los representantes, ante ello, se muestran reticentes a esta afirmación. Como el propio Eliseo Moreno con la aplicación del cobro de los medicamentos hospitalarios. Considera que este hecho puede llegar a ser un problema. Una administración tan compleja puede generar más gastos que beneficios.

Ciertas debilidades
El vicepresidente del Idis recuerda que en 2010 se aprobó un plan de ajuste que implicaba la reducción del gasto de personal público del 4% hasta 2013, a lo que debe añadirse que la oferta de empleo público (0EP) suifrió un recorte del 87%, que se tradujo en pasar de 15.084 plazas en 2009 a 1984 un año después, que respecto a 2011 dió los siguientes datos, “la OEP fue de 2.781 plazas, limitando la tasa de reducción de efectivos al 10% como ya ocurrió el año anterior”.

Para respaldar que el mutualismo administrativo supone un ahorro respecto a la sanidad públic aseguró que la prima peer cápita de Muface se situóde 2010 € en 706, o sea un 41% más baratas que las del SNS que están en 1.187 € y que la siniestrailidad de los mutualistas, sin repercutir los gastos de estructura de las aseguradoras ascendió al 199,53% de la prima.

La capacidad de empleo del mercado sanitario privado lo situó en 234.049 profesionales, de los cuales el 32% son médicos.

33 años de eficacia demostrada
Para corroborar la fortaleza del actual modelo recordó los 33 años de eficacia que lleva de funcionamiento y la alta satisfacción que con él han tenido todos los funcionarios, así como su contribución al sostenimiento de nuestro SNS, además de generar una actividad económica de 1.414 millones de euros al año.

Otras consideraciones

  • El gasto sanitario público, según el vicepresidente del IDIS crece con mayor rapidez que la financiación de las mutualidades aseguradoras, cuyo desfase se elevó en un 50%.
  • La crisis ocasiona un aumento de 40.000 nuevos jóvenes beneficiarios
  • De hacer caso a las organizaciones que piden su extensión, según Juan Iranzo, el colectivo se podría ampliar en unas 300-000 ó 500.000 personas