Desde hoy está en vigor el código de Buenas Prácticas impuesto por el Gobierno, de manera que estas navidades los cargos públicos entre los que se encuentran la ministra Ana Mato y su equipo, todos los consejeros de sanidad y sus equipos, los directivos de los hospitales públicos, los miembros de las juntas directivas de los colegios de médicos y del consejo, los directivos de los sindicatos y de las sociedades científicas, etc, no podrán aceptar regalos que superen los «usos habituales, sociales o de cortesía».
En el preámbulo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno se recoge que el objetivo es que los ciudadanos «cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad».
Esta norma, aprobada en el Congreso el 28 de noviembre con el apoyo del PP y los nacionalistas de CiU y PNV, cuenta con moratorias para su entrada en vigor. Así, la parte relativa al buen gobierno entrará en vigor mañana mismo, pero la parte referente a transparencia y acceso a la información pública, pospone un año su entrará en vigor.
Además, señala que el Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se encargará de «promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno».
Es muy llamativa la norma que dice que se no aceptarán «para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones». «En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional –prosigue el texto– se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Publica correspondiente». En ese capítulo la norma consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario.
La comisión de las infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años.
..Alfonso González
