De momento la remisión al Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales no parece que aún sea un tema prioritario en el quehacer diario del Ministerio de Economía. La saturación de la agenda ministerial y las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, pesan más en la agenda del ministerio que la aprobación de la esperada Ley de Colegios.
La cita con las urnas europeas y la gestión de asuntos, hacen que la Ley de Colegios pase a ocupar un segundo plano. Asuntos como que la Secretaría de Estado de Economía (responsable de la tramitación de la ley colegial) esté durante este mes embarcada en la obligada actualización del Programa de Estabilidad y de los datos del cuadro macroeconómico que la acompaña.
El pasado 28 de marzo, el gobierno aprobó el real decreto de convocatoria de las elecciones europeas, una cita con el voto (25 de mayo) que irremediablemente originará un “tiempo muerto” en temas pendientes de tramitación para el Gobierno que no considera urgentes, en este caso la aprobación de la Ley de Colegios.
Entre las recomendaciones emitidas por el Consejo de Estado en su dictamen del 28 de marzo (publicado en el BOE el pasado 24 de marzo) se recogen gran parte de las alegaciones que el Consejo General de la Organización Médica Colegial (OMC) hizo en su día al anteproyecto ministerial.
De esas recomendaciones hay que hacer mención a la que expone que el médico se colegie en el lugar de ejercicio, algo que de no ser así advierte el Consejo de Estado que podrían producirse efectos graves, como la falta de un ejercicio coherente de los poderes de control por parte del colegio.
En relación a la que hace mención al régimen de intervención administrativa sobre los colegios que prevé el anteproyecto, el Consejo de Estado considera que un colegio puede ser controlado e intervenido por la Administración por incumplir sus funciones públicas, pero solamente en los casos que sean considerados más graves, una petición que desde el colectivo sanitario se pedía dada la inseguridad que provocaba no explicitar en qué casos específicos podían ser relegados sus directivos colegiales.
En cambio, el Consejo de Estado no pone ningún reparo a que el Gobierno establezca una cuota máxima anual de 250 euros (un techo económico que la OMC rechaza), y es que el anteproyecto también habilita a la Administración para actualizar esa cuota, por lo que permite una cierta flexibilidad y capacidad de ajuste.
..Emilio Ramirez
