Anuario 2024 iSanidad
Agustín Santos Maraver, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados
2024 fue un año de balance y perspectivas para la reforma de nuestro sistema de salud público. El nuevo equipo en el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, ha tenido que sostener un sistema público que está entre los mejores del mundo, pero tensionado y con importantes cicatrices desde la pandemia de Covid. Y, al mismo tiempo, proponer un nuevo consenso para llevar a cabo reformas estructurales. El primer activo en este proceso ha sido la aprobación de la Ley sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas por consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias.
La primera fase del paquete legislativo está ya en fase de enmienda en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: la Ley de la Agencia de Salud Pública, que debe introducir los nuevos paradigmas; la Ley de Universalidad, recuperando el derecho universal de acceso a la sanidad y la Ley de Coherencia y Equidad, que debe asegurar la calidad y cartera asistencial para todos, corregir desigualdades y asegurar la participación de todos los actores y asociaciones en el debate de las políticas públicas de salud. Además de estas tres leyes, el paquete legislativo tendrá que incluir el Proyecto Marco de categorías profesionales sanitarias y la Ley de Tecnologías Sanitarias.
Al tiempo que volvemos a asegurar los pilares del sistema, la sanidad primaria o la industria farmacéutica, debemos dar pasos en digitalización, utilización de Inteligencia artificial y salud mental
España dedica el 7,9% del PIB a financiar la sanidad pública, unos 2.000 euros por habitante. Hay un recorrido por delante antes de alcanzar la media de gasto de países de la zona euro. Se trata de recuperar una inversión que se vio congelada en 2011 por las políticas de austeridad. La doble consecuencia ha sido una erosión de la sostenibilidad de nuestro sistema público y, especialmente por las listas de espera, un aumento del gasto en seguros privados con una cobertura limitada.
El aumento progresivo del gasto, al paso de la racionalización y modernización del sistema, nos permitirá que el sistema público supere y absorba de nuevo las necesidades que ahora se financian de forma privada con hasta un 3,1% del PIB, 788 euros por habitante. Con ello avanzaremos en coherencia y equidad, superaremos con partidas presupuestarias finalistas las desigualdades que han aparecido entre Comunidades Autónomas. Al tiempo que liberaremos recursos del sector privado para que atienda carteras de servicios que aún no se pueden incluir en el sistema público, abriendo nuevos caminos y tratamientos.
Las encuestas reflejan esta situación de tránsito de nuestro sistema de sanidad y el amplio consenso social en su carácter público y universal como derechos de ciudadanía
Al tiempo que volvemos a asegurar los pilares del sistema, la sanidad primaria, la industria farmacéutica, debemos dar pasos decididos en la digitalización, la utilización de la Inteligencia artificial y la salud mental. Mejor financiación, mejores condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, más tiempo médico-paciente y el reforzamiento de las funciones de la enfermería deben liberar presión sobre las urgencias hospitalarias. Y estás a su vez sobre los departamentos, recuperando el cuidado de los enfermos sobre el tratamiento de las enfermedades, gracias a las sesiones clínicas y una medicina personalizada. Es una cadena en la que se deben ir superando, eslabón a eslabón, las debilidades, para fortalecer el conjunto del sistema público.
Las encuestas reflejan esta situación de tránsito de nuestro sistema de sanidad y el amplio consenso social en su carácter público y universal como derechos de ciudadanía. Seis de cada diez personas creen que el sistema funciona bien y cuatro que hay que reformarlo o rehacerlo. Y tienen razón unos y otros. La sanidad pública que queremos y necesitamos debe ser, con las pensiones, la educación y el abordaje de la discapacidad, uno de los pilares de un estado de bienestar fortalecido y renovado. Ese es el mejor legado de seguridad y estabilidad que podemos transmitir a las generaciones futuras.
No hay atajos, no hay soluciones mágicas, porque los procesos sociales estructurales requieren el convencimiento profundo de todos los actores
Es esencial en los próximos años cuidar mejor a los que nos cuidan, con el prestigio social que se merecen, que está ligado a la mejora perceptible del sistema y una mayor financiación. Además de una nueva atención a los condicionantes sociales de la salud, a la preparación contra las epidemias, a una cartera más amplia de servicios, a la autonomía estratégica de nuestras industrias farmacéuticas y sanitarias, al peso de la cronicidad y del envejecimiento de la población, así como la salud mental, que son desafíos inevitables.
La Comisión de Sanidad que presido, es la comisión del Congreso de los Diputados que más se reúne y más horas de debate acumula. Las diferentes posiciones de los grupos parlamentarios responden a intereses sociales objetivos y a diferentes opciones. Pero hay un consenso compartido -en medio de una creciente polarización política- no solo en el carácter público de nuestro sistema y su universalidad, sino también en que los cambios y reformas exigen consensos que permitan extenderse a través de varias legislaturas. No hay atajos, no hay soluciones mágicas, porque los procesos sociales estructurales requieren el convencimiento profundo de todos los actores, en un proceso inevitable de formulación de hipótesis, con el mayor rigor científico posible, y pruebas y ensayos continuos para seguir avanzando.
Como se ha logrado con la Ley del ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, es posible construir consensos muy amplios. Se trata de lograr el equilibrio entre el proceso de reformas del sistema y la atención a sectores especialmente vulnerables. Con el compromiso de todos con nuestro sistema nacional público de salud, lo conseguiremos.
