Luis de Palacio Guerrero, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles
En el debate actual sobre el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, el artículo 119 se ha convertido en el símbolo de la confrontación del sector con el Ministerio de Sanidad. En concreto, la figura de los “precios seleccionados” ha encendido todas las alarmas y ha unido en bloque a patronales, colegios y sindicatos farmacéuticos en una oposición casi monolítica. Sin embargo, desde FEFE queremos expresar una posición diferente: sí, nos oponemos al artículo 116, pero no desde la obcecación, sino desde la posibilidad del diálogo, porque creemos que aún hay margen para negociar.
No estamos ante una Administración que actúe como un elefante en una cacharrería, ni como el presidente Trump, para quien todo es blanco o negro. Esta Ley nace en un contexto complejo, con la intención de dotar al sistema farmacéutico de un marco moderno, orientado a la sostenibilidad, a la innovación y a la equidad territorial. Y aunque discrepamos de algunas medidas clave, no podemos desoír su voluntad de orden y de reforma estructural.
Esta Ley nace en un contexto complejo, con la intención de dotar al sistema farmacéutico de un marco moderno, orientado a la sostenibilidad, a la innovación y a la equidad territorial
El problema no es tanto la intención como algunos de los instrumentos elegidos, que, en su aplicación, pueden suponer un grave perjuicio para las oficinas de farmacia, porque no olvidamos que la farmacia ya está gravada con más de 600 millones de euros al año por los Reales Decretos publicados desde el año 2000.
La instauración de los precios seleccionados, tal como están planteados, puede suponer una merma de más de 800 millones de euros para el conjunto de la red farmacéutica, una cifra difícil de asumir sin comprometer su viabilidad, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, si el Ministerio está dispuesto a hablar de cifras, entonces también hay que poner sobre la mesa los otros costes silenciosos que soportamos desde hace más de dos décadas.
Desde el año 2000, las farmacias han estado sujetas a Reales Decretos -como el 5/2000, el 8/2010 y el 9/2011- que introdujeron descuentos y reducciones de márgenes vinculados al volumen de ventas. Estas medidas, lejos de generar eficiencia, han introducido una complejidad administrativa inútil y una injusticia económica que penaliza a quienes más trabajan. Es el momento de derogarlas y de recuperar un sistema de márgenes claros, predecibles y equitativos para todas las farmacias.
A ello se suma una reivindicación histórica: la remuneración de las guardias obligatorias. Es una contradicción que se nos imponga la prestación de un servicio esencial en horarios extraordinarios sin compensación económica. Esta situación afecta de forma particularmente grave a la farmacia rural, donde las guardias son más frecuentes y las condiciones económicas más precarias.
La ley debe corregir esta omisión e incluir la obligación de las comunidades autónomas de retribuir adecuadamente estas guardias a las personas que materialmente las realicen
La ley, en su actual redacción, debe corregir esta omisión e incluir la obligación de las comunidades autónomas de retribuir adecuadamente estas guardias a las personas que materialmente las realicen. A este respecto, contamos con el apoyo del sindicato de farmacéuticos adjuntos FEFANE con un acuerdo en el marco del diálogo social del sector.
Otros elementos que también requieren atención: la eliminación de reducción de precios por debajo de un mínimo en los sistemas de referencia o margen bruto mínimo para la farmacia; la clarificación del papel de las oficinas de farmacia en la dispensación de medicamentos veterinarios o la necesidad de simplificar la gestión administrativa para aliviar cargas como la facturación de cupones precinto que tienen costes alrededor del 0,7-1% de todo el medicamento financiado. Todas estas medidas no son peticiones maximalistas, sino propuestas razonables que permitirían construir un sistema más equilibrado y justo.
Desde FEFE no queremos alimentar una narrativa de confrontación total ni desgastar la figura del Ministerio. No nos identificamos con una estrategia de tierra quemada ni con quienes prefieren mantener la tensión como forma de presión política. No creemos que el futuro del medicamento deba jugarse como un pulso de poder. Defendemos una visión reformista, pero con sentido de Estado. El Ministerio de Sanidad tiene el deber de escuchar al sector, y el sector tiene la responsabilidad de aportar soluciones viables.
El Ministerio de Sanidad tiene el deber de escuchar al sector, y el sector tiene la responsabilidad de aportar soluciones viables
Reiteramos que el artículo 119, en su redacción actual, es inasumible. Pero eso no significa que no haya espacio para el entendimiento. Si el Ministerio está dispuesto a reconsiderar este punto neurálgico y, a cambio, aceptar otras reformas largamente demandadas por el sector, podríamos estar ante una oportunidad histórica para redefinir las bases de la farmacia en España.
Las políticas públicas no pueden construirse solo sobre la lógica del ahorro. La farmacia es una red capilar de salud pública, un modelo que ha demostrado su vocación de servicio durante décadas, especialmente en la pandemia. Preservar su viabilidad no es proteger intereses corporativos, sino garantizar el acceso a la salud de toda la población. Negociar es posible. El Ministerio no es el presidente Trump. Nosotros tampoco lo somos. La política farmacéutica no necesita muros ni decretos unilaterales. Necesita acuerdos.
