Redacción
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Aunque no es la primera vez que un juez delibera sobre la posible implicación penal del protocolo adoptado durante la primera oleada de la pandemia (la Audiencia Provincial de Madrid sentenció en 2023 que se priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales), sí que hasta ahora no se había citado a los responsables directos de la elaboración de los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.
La citación se ha conocido este viernes a través de dos asociaciones de familiares, según ha informado El País, y lo ha corroborado posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Europa Press. De esta manera se reabre casi tres años después el caso como pidió la Fiscalía Provincial de Madrid.
Este juzgado es el primero que decide reabrir una causa que ya estaba sobreseída. Hasta una decena de juzgados consideraron con anterioridad mantener archivado el caso, a pesar de lo que reclamaba el Ministerio Público. Aún hay recursos en marcha sobre los cuales aún no se han pronunciado los demás juzgados.
El anuncio de la imputación llega a poco tiempo de que prescribiese, tras cinco años, el caso de los protocolos de las residencias durante la pandemia
En marzo de 2020, cuando se materializan esos protocolos, Mur era director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Dentro de la Consejería de Sanidad era el responsable de la asistencia a las 474 residencias de mayores de la región. Por su parte, Peromingo era jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y figura clave en la interlocución entre Mur y el grupo de expertos (geriatras) que trabajó en la elaboración de los protocolos para esos centros. Tres meses después, en mayo de ese año, Mur fue cesado y precisamente Peromingo ocupó su lugar.
El anuncio de la imputación llega a poco tiempo de que prescribiese, tras cinco años, el caso de los protocolos de las residencias durante la pandemia. En la denuncia colectiva de las asociaciones de familiares que la han impulsado (7291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias) piden que se investigue un nuevo delito, la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Los anteriores delitos por los que se había denunciado a la Comunidad, homicidio, omisión de socorro y prevaricación, fueron desestimados.
El Código Penal en su artículo 511 contempla penas por la discriminación en la prestación de servicios públicos. Los imputados están citados a las 12:30 horas de este lunes 26 de mayo.
