Según se va acercando la fecha de revisión de la “apertura de expediente” a Ana Sánchez Atrio y a Emilio Villa, por el affaire Sonia López Arribas en la OMC, el problema se va agrandando para Rodríguez Sendín, que ya solo puede manejar el sobreseimiento total de la causa para los dos. Para abrir el expediente la asamblea general se saltó la resolución de la Comisión Deontológica, pero si llega la sanción aparecerá el término “prevaricación”, que tanto asusta en ámbitos legales.
Hace tiempo que Sánchez Atrio pidió los motivos de la apertura de expediente, pero dos meses después sigue esperando respuesta de Sendín. Los que la conocen saben que la próxima petición se la hará un juez.
Teniendo en cuenta que el informe de la Comisión Deontológica es tajante (más de 500 folios para demostrar que solo Sonia López Arribas debe ser suspendida) y que los presidentes no tuvieron tiempo para estudiarlo, Rosa María Pérez, instructora del caso y presidenta del Colegio de Lérida, dedicó su discurso al enfrentamiento interno del ICOMEM sin aportar razones para la apertura del expediente. La instructora fue elegida personalmente por el propio Rodríguez Sendín, de manera que se encuentra involucrado en la resolución del proceso, pidió un “voto de confianza”, y ahora tiene que responder.
La OMC sabe que si acaban sancionando a Villa o Sánchez Atrio serán acusados de prevaricación, de juzgar sin haber escuchado a todas las partes, de ser parciales en su resolución, de ir contra su propia Comisión Deontológica, de saltarse el principio de territorialidad… parece una forma de acabar con la presidencia de Rodríguez Sendín en la OMC.
Sin embargo sancionar a López Arribas es lo que pide el informe, ¿por qué no lo hacen?, ¿por qué a ella sí la quieren defender?
..Alfonso González
