El Tribunal de Cuentas avisa de la falta de fondos para sanidad…

13 de junio de 2014

El Tribunal de Cuentas ha hecho público su informe global de fiscalización del sector público en 2010 y 2011. Y el balance en lo que a sanidad respecta no puede ser más demoledor. Según el máximo órgano fiscalizador, las autonomías han estado presupuestando conscientemente menos para la sanidad de lo que deberían a tenor del gasto generado en años anteriores, lo que ha obligado a retrasos sistemáticos en el pago a los proveedores y a acudir al fondo extraordinario de pagos. Concretamente, el Tribunal de Cuentas advierte sobre los presupuestos de sanidad de las autonomías que, «no sólo existe una permanente insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio» pese a que se conoce «el gasto real producido en ejercicios anteriores», sino que además «se recurre de forma periódica a generar gasto que excede las consignaciones presupuestarias». El órgano fiscalizador, que con estas palabras critica que las autonomías presupuesten en sanidad menos de lo que efectivamente saben que gastarán, alerta además de que «esta situación, a su vez, implica la tendencia generalizada de realizar gastos en el ejercicio sin la necesaria cobertura financiera, lo que conlleva la no contabilización en éste de un relevante monto económico de gasto», que pasa a ejercicios posteriores. Esta práctica generalizada de presupuestar poco, gastar más de lo debido y trasladar la deuda al siguiente año provocó según el Tribunal de Cuentas, que en la mayoría de autonomías la solvencia a corto plazo quedara en duda ante el gran volumen de acreedores por operaciones pendientes de aplicar lo que precisó medidas urgentes, como el plan de pago a proveedores que aprobó el Gobierno central en 2012. Finalmente, el Tribunal de Cuentas advierte de que «se observa un paulatino incremento, con especial relevancia en algunas autonomías, en la consignación de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, que puede distorsionar la sostenibilidad financiera del sistema autonómico de gestión sanitaria».
(Diario Médico)

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