En los últimos cinco años hasta más de 30.000 agresiones a profesionales sanitarios se han registrado en el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero aún se sigue detectando un bajo índice de denuncia por parte de los agredidos, y es que solamente el 10,95% ha llevado a su agresor a los tribunales.
Estos datos, recopilados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han sido presentados en un informe a las Comunidades Autónomas en el último Consejo Interterritorial celebrado la semana pasada, y en el que se acordó proponer que los profesionales sean reconocidos como autoridad pública para que en caso de conflicto su testimonio tenga “presunción de veracidad”.
En el informe se muestran datos de 2008 a 2012 como el número de agresiones en la sanidad pública, que ha aumentado progresivamente, sobre todo coincidiendo con los primeros años de la crisis. Así, se pasó de las 4.659 agresiones contabilizadas en 2008 a las 7.043 en 2011. Sin embargo, un año después, se registraron menos agresiones, un total de 6.240.
Las agresiones, tanto en Atención Primaria como en hospitales, son frecuentes, y en la mayoría de los casos (80%) son agresiones verbales, comon insultos, intentos de coacción y vejaciones. Además, destacar que en el 4% de las agresiones se produjeron también importantes daños patrimoniales.
El estudio revela que las víctimas en su mayoría son mujeres (72% del total), aunque bien es cierto que tal y como recuerda Sanidad, el sector sanitario está integrado en su mayoría en un 73% por mujeres, lo que podría explicar este alto porcentaje de agresiones.
En cuanto al motivo de agresión, las más frecuentes son problemas relacionados con la organización del centro como el tiempo de espera o la falta de información, o disconformidad con la atención o el trato recibido por el profesional. Aunque todo el personal ha sufrido este fenómeno, son los médicos, seguidos de los enfermeros los más agredidos.
A pesar de estos datos, y ante el bajo índice de denuncia por parte de los profesionales agredidos, los colegios profesionales y las organizaciones sindicales han adoptado un papel muy activo en la defensa de los profesionales sanitarios, resaltando la importancia de denunciar estos hechos.
Desde el Ministerio se reconoce que tanto el conocimiento como la difusión de las medidas encaminadas a prevenir las agresiones a profesionales pueden ser un estímulo para denunciar y dar a conocer las agresiones. Por tanto, a la hora de valorar los resultados se debería tener en cuenta que puede aumentar el número de registros de agresiones.
Además propone a las administraciones que faciliten el apoyo necesario, defensa y asesoramiento jurídico a todos los profesionales afectados por agresiones en el entorno laboral, y mantenerles informados del curso de la tramitación de las denuncias, así como eximir al agredido de los costes del asesoramiento jurídico.
Otras medidas también pasan por mantener un estrecho contacto con la Fiscalia para el seguimiento de las actuacionies judiciales y prestar atención al tratamiento (incluyendo el psicológico) y rehabilitación de los profesionales agredidos en la medida en la que sean necesarios, así como al seguimiento de las correspondientes situaciones de incapacidad temporal.
..Emilio Rmairez
